La Junta Electoral Central (JEC) ha lanzado un torpedo a la investidura de Pedro Sánchez, la estabilidad del Govern y las perspectivas de normalización por el diálogo del conflicto político catalán. En una decisión tan discutible que lo ha sido hasta por 6 de sus 13 miembros, que presentarán votos particulares, la JEC ha dictaminado que Quim Torra debe perder su condición de diputado en el Parlament por haber incurrido en desobediencia. Una interferencia innecesaria cuando el Tribunal Supremo (TS) aún debe resolver el recurso contra la sentencia del TSJ de Cataluña, y en un sentido sobre el que había pocas dudas desde que el propio Torra optó por la autoinculpación. E inoportuna, por su coincidencia con un pleno de investidura posible tras un acuerdo entre el PSOE y ERC que la derecha española se ha comprometido a impedir por la vía de los tribunales, ya que no pudo hacerlo en las urnas.
PP y Cs competían ayer por atribuirse el mérito de haber desalojado a Torra de la presidencia. Consecuencia de la decisión de la JEC que desde el Govern se discute, recordando que según el Estatut el president solo puede ser desalojado por decisión del Parlament o condena penal firme. La intromisión no acaba aquí: el rechazo a que Oriol Junqueras pueda acceder al acta de eurodiputado cortocircuita el procedimiento por el cual el TS debe decidir cómo aplica la resolución del Tribunal de Justicia de la UE. Las consecuencias políticas están por ver, tras sucederse muestras de rechazo contra las decisiones de la JEC. Como los portavoces del PSOE recordaron ayer, la JEC no es un órgano judicial, y es más que discutible que entre sus atribuciones estén las de condicionar la vida política. Cabe cuestionarse el porqué de esta interferencia 15 horas antes del pleno de investidura.
