Las labores de interpretación en los juicios, cada vez más numerosos, donde está implicado un ciudadano extranjero que desconoce la lengua en la que se desarrolla el proceso, resultan de una gran importancia. De la buena comprensión de los argumentos que despliegan los actores de la vista oral (juez, fiscal, abogados, testigos) depende finalmente el futuro penal del encausado. Resultan por ello altamente preocupantes las cifras hechas públicas por los profesionales de la interpretación en España: más de la mitad de lo que se llega a decir en los juicios con intérprete lingüístico no se traduce y los errores graves de traducción alcanzan cotas muy altas. Se vulneran así los derechos del procesado porque no se le traduce una parte significativa del acto judicial -de lo que ni siquieran llegan a enterarse- y, además, en aquello que se les hace llegar existen errores importantes. Normalmente las víctimas suelen ser inmigrantes sin posibilidad de asumir recursos por indefensión.
La situación exige una revisión en profundidad del actual sistema de externalización del servicio jurídico de intérpretes que en España recae repetidamente sobre las mismas empresas privadas. Es hora de que la Administración aborde la creación de un registro estable de traductores que, tras superar las pruebas oficiales que evidencien su competencia profesional, garanticen los derechos fundamentales de defensa y de tutela judicial efectiva de los procesados. Es una cuestión básica de justicia.
