Si el pulso político de un país tiene un reflejo en su vida parlamentaria, la sesión de investidura de Jordi Turull dibujó una imagen de Cataluña muy preocupante: apática, carente de pasión, deslavazada. Fue descorazonador ver a Turull en el estrado enumerar un programa de gobierno que sabe que difícilmente aplicará porque la CUP no lo apoya y porque hoy comparece ante el Tribunal Supremo (TS) con un elevado riesgo de ingresar en prisión preventiva.

La sesión de investidura, celebrada después de tres meses de bloqueo político, fue la consecuencia de la confluencia de dos vías estériles que han herido de gravedad a Cataluña: la deriva unilateral del independentismo y la estrategia del Estado de tratar la crisis catalana tan solo desde una vertiente penal, lo que aunque para ello deban tomarse decisiones tan discutibles como algunas de las que están emanando del Tribunal Supremo. Cataluña está atrapada en dos dinámicas que se retroalimentan y que alimentan el radicalismo.

Convocada a toda prisa para adelantarse a la comparecencia ante el TS de Turull y otros cinco parlamentarios (Raül Romeva, Marta Rovira, Carme Forcadell, Josep Rull y Dolors Bassa), la sesión de investidura nació muerta por la decisión de la CUP de abstenerse en la votación. Conocedor de este hecho, Turull no se vio en la necesidad de hilvanar un discurso con el que seducir a los anticapitalistas. De ahí que no hablara de la República, ni al proceso constituyente ni a la multiconsulta que Junts per Catalunya, ERC y la CUP llevan tiempo negociando dentro de un programa de gobierno. Turull reivindicó el 1 de octubre, habló con generalidades sobre educación, políticas sociales y desarrollo económico, y ofreció diálogo al Rey de España y al Gobierno de Mariano Rajoy.

En la votación, Turull fue derrotado. La normativa del Parlament indica que el sábado debería volver a presentarse a votación para tratar de lograr una mayoría simple. Para ello, a no ser que Carles Puigdemont y Toni Comín renuncien a sus escaños, necesita que al menos dos diputados de la CUP troquen su abstención por un ‘sí’, un cambio que se antoja imposible tras escuchar al diputado Carles Riera. Pero antes, como el mismo Turull recordó desde el estrado, el candidato a president tiene una cita en Madrid, ante el juez Pablo Llarena.

No hay muchos motivos para pensar que las decisiones del magistrado, respetando siempre la independencia judicial y la separación de poderes, vayan a contribuir a recuperar la ansiada normalidad política e institucional en Cataluña. Ayer, la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo decidió mantener en prisión tanto al número dos de JxCat, Jordi Sànchez, como al exconseller de Interior Joaquim Forn, a pesar de que en el caso de este último la fiscalía, a instancias del Fiscal General del Estado, pidió la libertad del mismo bajo fianza.

La comparecencia de Turull y el resto de diputados ante Llarena puede dar lugar a una nueva espiral de acción-reacción de la que se nutre el procés, a otro agravio más que añadir a una larga lista de ofensas y daños, reales e imaginarios, que tanto necesita la facción del bloque independentista que propugna el enfrentamiento a toda costa contra el Estado. La imagen de un president de la Generalitat encarcelado es la que buscaba el independentismo cuando forzó la sesión de investidura del jueves. No la tendrá, pero el sábado, si se cumple el peor escenario posible, Turull no podría asistir a la segunda sesión de su investidura. Más que nunca, en este momento urge por parte de todos altura de miras.