Oriol Junqueras, en su calidad de vicepresidente de la Generalitat de Cataluña cuando se produjeron los hechos, fue el primero en declarar en el juicio oral que se sigue en el Tribunal Supremo. La estrategia de Junqueras fue plenamente coherente con la que ha seguido su abogado, Andreu van den Eyden. Se autocalificó de «preso político» y lanzó una diatriba sobre la inviolabilidad de las urnas y la supremacía de la legitimidad democrática sobre la legalidad vigente en Cataluña emanada de la Constitución y del Estatut. Como respondió únicamente a las preguntas de su abogado, Junqueras pudo exponer sus argumentos con comodidad, con la vista más puesta en las inminentes campañas electorales que no en los magistrados que le están juzgando. Su actitud de menosprecio hacia la fiscalía y hacia las acusaciones tendrá un coste. Subirá la exigencia sobre los argumentos y las pruebas que podrían llevar a reconsiderar la calificación de los delitos sobre los que responde que comportan penas de entre 25 y 75 años según cada una de las partes. La actitud de Junqueras no fue en ningún caso la que se pudiera esperar de alguien que como electo quiere y debe colaborar con la justicia para establecer la verdad de los hechos.

Su actitud contrastó con la que tuvo el segundo miembro del Govern que declaró en el Supremo, Joaquim Forn, que era en aquellos días conseller de Interior. Su tono fue el de defender en todo momento la autonomía de la policía autonómica para organizar el operativo del 1-O y además reconoció que aquella consulta fue ilegal y que la declaración unilateral de independencia no resultó efectiva.