En un Estado democrático, los fallos judiciales hay que acatarlos siempre, aunque puedan no compartirse. Ocurre que cuando un auto ratifica el derecho a la libertad de expresión recogido en la Constitución, que el Gobierno central pretendía escamotear, la satisfacción se hace, además, difícil de contener.
La decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid de prohibir la presencia de banderas esteladas en el Calderón con motivo de la final de la Copa del Rey era insostenible. Que la orden tuviera su origen en la delegada Concepción Dancausa, tenía alguna explicación. Adscrita al ala más dura del PP, Dancausa representa el inmobilismo que anhela parte de la derecha española. Más preocupante es que el Gobierno haya hecho suya la tesis. A poco más de un mes del 26-J, lo importante es que los ciudadanos, al margen de sus diferencias, tomen nota de con qué facilidad se cuestiona el ejercicio de los derechos fundamentales.
Es de esperar ahora que las aguas vuelvan a su cauce y que Carles Puigdemont, Ada Colau y Manuela Carmena compartan palco con el rey Felipe VI, como han anunciado. Y que mañana domingo podamos disfrutar de una emocionante final de Copa, como promete la calidad de los contendientes.
