El juicio que se desarrolla en Pamplona contra los cinco hombres acusados de violar a una chica en los Sanfermines del 2016 ha creado una enorme expectación, justificada por lo execrable de los actos de los que se acusa a los encausados: una violación grupal grabada en vídeo y su posterior difusión en las redes. La línea de defensa de los acusados es que el sexo fue consentido. Desde el mismo momento en que se hicieron públicos los graves hechos se generó una enorme alarma social, que aún persiste. La indignación en las redes sociales explotó ayer cuando se supo que el tribunal ha aceptado incorporar a la causa un informe de detectives privados sobre la vida de la víctima después del suceso. De inmediato se criticó que el desarrollo del juicio ponga el foco en la víctima y no en los acusados.

Hay motivos jurídicos que pueden justificar que el tribunal haya aceptado este informe, ya que las secuelas del acto pueden ser un factor a la hora de decidir la sentencia de los acusados. Pero también hay muchas razones que explican la indignación. El sistema judicial no es impermeable al machismo y a las estructuras patriarcales. Muchas víctimas de violación deben justificar si dijeron no a sus agresores y cómo lo dijeron, o bien escuchar supuestas justificaciones del acto que sufrieron basadas en su vestimenta o en un perverso concepto de la seducción. Da igual que las estadísticas digan que las denuncias falsas son irrisorias o que la violencia y los abusos contra las mujeres están a la orden del día: las mujeres sienten con toda la razón que en los diferentes juicios a ellas les cuesta mucho más que se las crea que a ellos. La víctima de los Sanfermines tiene todo el derecho a pasar página y rehacer su vida, sin que ello implique que los acusados, si son considerados culpables, sufran el rigor de la ley.

Los cinco acusados por los hechos --que se llamaban a sí mismos La manada-- tienen el derecho a un juicio justo. Pero el tribunal debe llevar el proceso de tal forma que no imponga un daño añadido a la víctima. Tiene que evitar que los vericuetos procesales acaben convirtiendo el proceso en un cuestionamiento de la joven. No es ella quien está a juicio. En este sentido, la decisión de que las sesiones se desarrollen a puerta cerrada se entiende para proteger la intimidad de la víctima, pero la opacidad no suele casar bien con la justicia, y menos si beneficia a los acusados.