Ante la indignación de miles de personas, sobre todo mujeres, José Ángel Prenda, Alfonso Cabezuelo, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero y Ángel Boza, los cinco miembros de la Manada condenados a nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual con prevalimiento en los Sanfermines del 2016, podrán salir en libertad provisional en el momento en que cada uno deposite 6.000 euros. La decisión de dejar a los condenados en libertad provisional con medidas cautelares (como la prohibición de entrar en la Comunidad de Madrid, donde reside la víctima) ha sido decretada por el mismo tribunal de la Audiencia de Pamplona cuya sentencia generó un enorme revuelo social al considerar que la violación grupal por la que fueron condenados fue abuso sexual y no agresión.

Esa sentencia marca un punto de inflexión en la relación entre gran parte de la sociedad (no solo el movimiento feminista) y la justicia. Dejando al margen el voto particular que veía «jolgorio sexual» en una violación en grupo, la sentencia desató una tormenta social y política por ser un claro ejemplo de justicia patriarcal: perpetuaba clichés de la cultura de la violación, certificaba que si una víctima no se resiste no hay violación, y difundía prejuicios sobre la naturaleza de las relaciones sexuales propios de otras épocas. La sentencia fue ampliamente criticada, en la calle con manifestaciones y hasta por el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, y dio lugar a movimientos corporativistas en el mundo judicial encabezados por los sectores conservadores.

Y ahora, cuando están pendientes los recursos, se decreta la libertad provisional, después de que la víctima haya sufrido un linchamiento intolerable en según qué cavernas de internet y de que los propios condenados hayan aplaudido desde la cárcel a los foros que lo hicieron. Es una decisión que alimenta la brecha entre muchas mujeres y otras capas de la sociedad hacia una forma de hacer justicia en los delitos sexuales que tiene profundas raíces machistas y que pone siempre el foco en juzgar la actitud de la víctima antes y después del delito, y no en los agresores. Sin menoscabar la independencia judicial, algo se está haciendo muy mal cuando existe un abismo entre la sociedad y la justicia. Miles de mujeres se sienten heridas, indignadas e indefensas. Muchas se manifiestan en la calle. No están solas.