La redención de las provincias y la decencia nacional. Así titulaba el maestro Ortega y Gasset uno de sus libros que recogía diferentes artículos periodísticos publicados entre 1927 y 1930. Allí reflexionaba sobre la relación de lo local con lo estatal, sobre la manera en la que sería posible incardinar las administraciones locales en la política nacional. Las circunstancias han cambiado, pero el tema continúa vigente. ¿Qué sentido tienen las provincias, si lo tienen? ¿Son salvables? ¿Habremos de redimirlas?

Todos ustedes saben que entre nosotros, entre los partidos de izquierdas, no tienen buena prensa, no gozan de demasiadas adhesiones. Razones hay para ello. El centralismo franquista, totalitario y unificador se valió de ellas para apabullar la diferencia y multiplicar en el territorio lo peor de una ideología negadora de otras lenguas, otras identidades y otras ideas. Las provincias reproducían, clonaban, el «una, grande y libre» hasta hacerlo llegar a cada rincón, cada casa, cada pueblo.

Con la democracia, la pervivencia de las provincias se ha visto por muchos como ámbito territorial propiciador de duplicidades administrativas, trabas burocráticas y, en el peor de lo casos, y aquí sabemos bastante de eso, administración clientelar, dado al enchufismo y al colocódromo.

Creemos que otra visión de la provincia es posible, incluso necesaria. Es más, entendemos que las diputaciones pueden actuar como salvadoras de una visión periclitada, negra y antigua de la provincia, que la redención de las provincias puede advenir de la mano de unas diputaciones abiertas, próximas, transformadoras, transparentes, cercanas al sentir y a las preocupaciones de la ciudadanía. Se preguntarán ¿cómo hacer esto? Veamos, sin afán de cerrar la cuestión, algunas respuestas.

En primer lugar, la respuesta puede pasar por una definición clara de diputación como sinónimo de administración local. Nada más, ni nada menos, que administración local, con todo lo que eso significa porque la administración local es la más próxima a los ciudadanos, el espacio más propicio a la participación ciudadana, y el ámbito descentralizador por excelencia. Las diputaciones no son organismos supramunicipales --«supra» es un término latino que significa «por encima de»--, sino entidades intermunicipales --«inter» significa «entre»--. Esta definición aclara mucho la relación con las comunidades autónomas, que de esta forma no ven a las diputaciones como un competidor en el ámbito de las competencias, sino como un colaborador en el reto de dar los mejores servicios. El régimen local no está subordinado ni al Estado, ni a la autonomía.

Además, en toda España, también en la Comunitat, y muy específicamente en Castellón, tenemos una gran fragmentación. Entre nosotros, catorce municipios tienen el 80% de la población y 123 el 20% restante. La provincia como entidad local intermunicipal es el ámbito más adecuado para afrontar el problema de la despoblación. La Diputación, al formar parte de los municipios, es la herramienta adecuada para que los ayuntamientos pequeños puedan gestionar sus competencias y ofrecer servicios de calidad a su ciudadanía.

El gran error de la derecha en las diputaciones ha sido esconder esa dimensión local de la provincia y utilizarla como contrapoder. Y el Estado ha caído también en la tentación de usarla como ariete frente a las comunidades. Como dice Manuel Zafra, un gran teórico, «la provincia no es ni ariete del Estado contra las comunidades, ni división periférica de la administración autonómica». El gran reto pendiente es redimensionar las diputaciones aprovechando la ventaja que supone una institución que tiene como misión sustancial apoyar a los municipios con personal cualificado, recursos y medios adecuados para que todos puedan ejercer sus competencias locales con la mayor eficacia y eficiencia para asegurar el ejercicio de los derechos de ciudadanía de todos sus habitantes.

El instrumento de esta forma de concebir una nueva Diputación, redentora de la provincia, es la concertación. A conocer qué es eso les emplazo. Volveremos.

*Presidente de la Diputación