Últimamente el tema de la analítica en los laboratorios está teniendo una importante cobertura mediática. Baste recordar el tema de la carne contaminada por listeria en Andalucía este verano, el tema de cierre de playas por la aparición de la bacteria E.coli y, más recientemente, en una noticia recogida por este periódico, sobre la detención por parte de la Guardia Civil de varias personas relacionadas con la falsificación de analíticas en piscinas e instalaciones deportivas llevadas a cabo por una empresa privada.
Esta última noticia pone aún más de relieve lo negativo de la intención de la Conselleria de proceder al desmantelamiento de los laboratorios ubicados en el centro de salud pública de Castellón. Centro este que, para conocimiento de la ciudadanía en general, aparte de contar con los laboratorios a los que antes se hacía referencia, tiene como objetivo mejorar las condiciones de salud de toda la población. Por ello se ocupa de la obesidad infantil, de las campañas de vacunación, de la educación para la salud de nuestros niños con campañas en los colegios, de la prevención del cáncer de mama y colón, de los protocolos de violencia de género, de la seguridad alimentaria, salud laboral y vigilancia de enfermedades y, por supuesto, se ocupa de detectar los brotes de listeria, de legionela, de botulismo y de salmonelosis a través de la toma de muestras y posterior análisis en sus laboratorios, esos que precisamente la Conselleria pretende desmantelar.
Este pretendido cierre o desmantelamiento, como se quiera definir, tiene dos vertientes: una es traslado físico del aparataje a València y otra, la situación en la que quedan los trabajadores y trabajadoras que desarrollan su labor en esos laboratorios.
DESDE UGT pensamos que lo más preocupante de todo este tema es el oscurantismo que rodea a toda esta operación que, al parecer, se llevaría a cabo bajo parámetros económicos, que, desde luego, esta parte sindical desconoce. Y si aún así fuera, pensamos que, en cuestión de servicios públicos, aplicar única y exclusivamente criterios de rentabilidad económica sin tener en cuenta la rentabilidad social nos llevaría a situaciones terriblemente injustas. Y como ya se mencionó antes, no hay que olvidar que hay involucrados trabajadores que es preciso reubicar y, por supuesto, negociar condiciones de la reubicación.
CONVIENE DEJAR constancia también de las incongruencias que se perciben en este tema. Si existía ya el planteamiento de que este centro era «ruinoso» (económicamente hablando), no se puede entender que se le haya dotado hace unos meses de un nuevo equipamiento, por cierto, largamente demandado, así como inversiones en adecuación del propio edificio hace un año.
Y, por último, una reflexión desde el punto de vista económico que al parecer tanto gusta utilizar. Una muestra recogida en Morella, por ejemplo, que tenga que ser trasladada a València, cumpliendo los protocolos establecidos para estos trámites, ¿es más barata que llevarla a Castelló a analizar? ¿El conocimiento de los resultados de esa analítica se moverá en los mismos tiempos que hasta ahora? Preguntas que quedan en el aire, vuelvo a reiterar, ante la ausencia de información.
*Secretario territorial de FeSP UGT
Comarques del Nord
