Una de las lecciones que, según dicen los comentaristas que oímos en los medios de comunicación, hemos debido aprender de la crisis sanitaria del coronavirus era que debíamos restablecer cierta dignidad a todos aquellos colectivos de trabajadores a los que nadie ha aplaudido desde los balcones: limpiadoras, cuidadoras de ancianos, cajeras, reponedoras de supermercado, asistentas del hogar, repartidores, vigilantes, trabajadores de mantenimiento, y todas ellas (porque la mayoría está integrada básicamente por mujeres) sin posibilidad de teletrabajar para evitar el contacto como hemos podido hacer otros pero que han resultado esenciales para mantener la sociedad en funcionamiento durante el tiempo de confinamiento.
Una oportunidad perfecta para poner negro sobre blanco dicho restablecimiento de dignidad es el nuevo contrato sanitario de la Generalitat valenciana (GVA) para los próximos 2 años, con posibilidad de prórroga a 3 años más, y cuyo valor estimado asciende a más de 470 millones de euros, con pliegos de condiciones que regirán la nueva licitación de limpieza y mantenimiento sanitario para prestar el servicio en los 23 lotes que configuran los departamentos de Salud.
Nos encontramos con que uno de los contratos más importantes de la Generalitat valenciana es ajeno a la aplicación de la ley de fomento de responsabilidad social, impulsada para promover proyectos que asumiesen criterios de sostenibilidad social y de mantenimiento del empleo en la contratación pública.
Y es que que no se han tomado en consideración las propuestas avaladas en un documento firmado por unanimidad en el seno del Consejo Tripartito por la Mesa Sectorial de Limpieza, formada por patronales, sindicatos y Administración, con la firma del director general de Trabajo, Gustavo Gardey; el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu; y el subdirector general de Relaciones Laborales, Rogelio Navarro. Propuestas que fueron trasladadas en diciembre de 2019 a la Conselleria de Sanidad como documento consensuado conforme a los criterios de la ley de contratos del sector público y la mencionada ley de responsabilidad social de la GVA.
EN ESTOS PLIEGOS no se exige a las empresas adjudicatarias una plantilla mínima (al menos la relación del personal subrogado), expresada en números de personas trabajadoras y número de horas de trabajo necesarias para una correcta prestación de los servicios, ni indica que la plantilla no pueda ser modificada unilateralmente durante la ejecución del contrato, conforme a la ley 18/2018 de fomento de responsabilidad social de la GVA, invitando a que las empresas puedan recortar condiciones de trabajo y personal una vez se adjudiquen los contratos.
UGT tenemos claro que se deja así en peores condiciones a las plantillas y en algunos casos como es Castellón por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, por lo que junto con el resto de los sindicatos del sector estamos ya movilizándonos tanto en limpieza como en mantenimiento para la rectificación de los pliegos porque está claro que con estas trabajadoras no se ha aprendido lección alguna.
*Secretario Intercomarcal de FeSMC-UGT Comarques del Nord
