Uno de los objetivos políticos del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos era la práctica liquidación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), el texto aprobado en el 2013 por el PP que comúnmente se ha conocido como ley Wert, por el polémico ministro que reformó las dos leyes socialistas anteriores, la LOGSE y la LOE. Finalmente, la ministra de Educación socialista Isabel Celaá ha llevado al Consejo de Ministros un texto que no difiere del que ya en su día, hace un año, promovió el PSOE y que tuvo que interrumpir su vía parlamentaria por la convocatoria electoral. En líneas generales, la nueva ley --LOMLOE, ley orgánica de modificación de la LOE-- prevé acabar con los trazos fundamentales que introdujo la legislación anterior, como las reválidas al final de las etapas de la ESO y de bachillerato, la promoción de los conciertos con centros privados que practicaban la segregación o el establecimiento de asignaturas troncales fijadas por el Estado. El concepto que el PP quiso implantar con la LOMCE era el de establecer una homogeneización centralista de la enseñanza, la segregación del alumnado, la introducción de criterios ideológicos conservadores y la disminución del poder de los consejos escolares. Ahora, el texto aprobado por el Gobierno reduce notablemente el peso de la asignatura de religión, contempla medidas para combatir aquella segregación escolar y reconoce las competencias sobre el currículo de las autonomías con lengua cooficial. La parte referida a los centros con concierto educativo es una de las más relevantes, por cuanto protege las decisiones tomadas por gobiernos autonómicos, como es el caso de la Comunitat Valenciana, y apuesta por una regulación de los procesos de inscripción y matriculación que incorpora criterios socioeconómicos para paliar las desigualdades y hace corresponsables a todas las escuelas sufragadas con fondos públicos de la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales. La que podría ser conocida como ley Celaá flexibiliza la normativa de superación de curso en la ESO, lo que debería disminuir la tasa de repetición y fracaso escolar que existe en la actualidad en España.
Al margen de la valoración del contenido del proyecto de ley, subyace otro problema. Esta será la octava ley orgánica de educación desde el fin del franquismo. El marco legislativo de la educación en España ha sido cambiante y, en general, demasiado deudor de los intereses políticos por encima de las necesidades estrictamente académicas. Para que la labor de los docentes no quede constantemente condicionada por la provisionalidad permanente del marco legal, sería necesario un pacto de Estado como el que propuso (y no logró firmar) hace 10 años el ministro Ángel Gabilondo. Un pacto por la educación para dotar de estabilidad a un sistema con continuos cambios y que no es nada positivo, con la intención de que esté --no necesariamente en las políticas educativas concretas que obedezcan a las distintas prioridades de las sucesivas mayorías sociales, electorales y de gobierno, pero sí al menos en su estructura básica-- por encima de los vaivenes electorales.
