Menos de un año de gobierno de Ximo Puig y de Mónica Oltra ha bastado para que la sociedad valenciana se rebele contra las imposiciones y se movilice exigiendo libertad y respeto a sus derechos constitucionales. Menos de un año ha hecho falta para que la gente reclame en la calle un Ejecutivo que gobierne, que gestione, y que lo haga para los cinco millones de valencianos, alicantinos y castellonenses y no solo para los suyos.
Puede resultar extraño que haya que exigir a nuestros gobernantes que gobiernen, que garanticen la libertad y los derechos que recoge nuestra Carta Magna. Pero es que nuestros gobernantes (y utilizo con generosidad este término por estar reservado a quienes realmente ejercen el gobierno), aquellos que venían a cambiarlo todo, han olvidado muy pronto sus obligaciones.
El pasado domingo Valencia concentró el clamor de toda la Comunitat contra la política educativa y lingüística que el conseller Marzà, ante la desidia de Puig y el entusiasmo de Oltra, está imponiendo. Más de 40.000 personas, miles de familias, unieron sus voces pidiendo que se respete algo elemental: su libertad y sus derechos.
Lo que la izquierda pretende con sus ataques a la enseñanza concertada, limitando la libertad de elección de centro educativo e imponiendo el proceso de inmersión lingüística del catalanismo separatista no es más que enfrentar y dividir a la sociedad.
Porque el PP sí defiende con hechos la escuela pública y la concertada. No se trata de confrontar la enseñanza pública contra la concertada, se trata de respetar el artículo 27 de la Constitución que da derecho a los padres a elegir el tipo de educación y el colegio que quieren para sus hijos.
La escuela pública no se defiende menospreciando a la concertada. Se defiende con proyecto, con inversiones y mejorando las condiciones de los docentes. Precisamente lo que hicieron los distintos ejecutivos autonómicos del PP. Construir colegios e institutos, aumentar el número de profesores, dar estabilidad a las plantillas, implantar el plurilingüismo para que todos tengan las mismas oportunidades.
Por ello, por responsabilidad, he ofrecido al presidente Puig un gran acuerdo por la educación que respete la libertad de los padres a elegir libremente el modelo de educación que quieren para sus hijos. La educación es una cuestión de Estado, es lo primero y lo fundamental para un país. Y si el PSOE y el señor Puig no pueden con sus socios aquí tiene al Partido Popular para alcanzar un pacto por la educación, que es un pacto por el futuro de la Comunitat. H
*Presidenta del PP de la Comunitat Valenciana
