Son estos tiempos de gran pluralidad política, alejados de las rigideces del bipartidismo, en los que más que nunca los pactos poselectorales son cruciales para decidir el color de los gobiernos de la mayoría de los ayuntamientos y autonomías que fueron elegidos el 26-M. El sistema político español no está habituado a los pactos, que en demasiadas ocasiones son percibidos no como una necesaria y saludable acción política, sino como una derrota o un intercambio de cargos y prebendas. En este sentido, bienvenida sea una nueva cultura de la negociación y el pacto para hallar un punto medio que evite el bloqueo de las instituciones. La responsabilidad institucional debe ser el principio rector del periodo negociador que se abre ahora, y no alcanzar el poder para impulsar agendas divisivas o como mecanismo para sobrevivir políticamente.

Los pactos son imprescindibles en numerosos puntos de España, tanto a nivel municipal como autonómico. Los protagonistas son los partidos de la derecha (PP y Cs), que pueden gobernar plazas conquistadas por la izquierda (como es el caso del ayuntamiento y la Comunidad de Madrid) si repiten un pacto a la andaluza con Vox. El líder del PP, Pablo Casado, ha olvidado su efímero viaje al centro para abrir de par en par las puertas a pactos con la ultraderecha que incluyan la entrada de Vox en los gobiernos de autonomías y ayuntamientos. Es lamentable pero no sorprendente, dado que igual que sucedió en Andalucía, abrazarse a Vox es la única forma que tiene Casado de convertir derrotas (el PP ha sido vencido en las tres convocatorias electorales del26-M) en victorias. En una situación más delicada está Cs, al que cada vez le cuesta más defender que el cinturón sanitario hay que colocárselo al PSOE y no a Vox. Ayer suavizó un poco este discurso, opuesto a lo que propugnan sus colegas del grupo liberal en el resto de Europa, pero queda por ver qué va a suceder en los próximos días. Es conveniente repetirlo las veces que sea necesario: legitimar a la ultraderecha y abrirle las puertas de las instituciones no es propio de formaciones democráticas.

Por lo que respecta a la provincia de Castellón, la hegemonía del PSPV es incontestable. Ya lo fue hace un mes cuando otorgó unos suculentos resultados para que Ximo Puig reeditara la cargo como presidente de la Generalitat, donde pactará con Compromís y Podemos, aunque con menos exigencias por parte de estas dos formaciones que hace ahora cuatro años, pues el PSPV tiene más escaños que la suma de ellos dos. Acuerdo también necesario para dar el vuelco histórico a la Diputación, pero aquí solo con los dos escaños de Compromís como aliados, mientras que en la capital Amparo Marco necesitará acuerdos para gobernar. Bien en minoría, bien de la mano de los que han sido sus dos socios en los últimos cuatro años o con el respaldo de Ciudadanos. Las urnas le han dado estas tres posibilidades para elegir.

Disyuntiva que también se acerca a bastantes ayuntamientos de la provincia, y algunos de ellos con la importancia que tienen Benicàssim, Orpesa, Nules, Vinaròs, la Vall d’Uixó o Almassora. La mayoría serán pactos con fuerzas progresistas, pero Ciudadanos también tiene mucho que decir porque establecer cordones sanitarios está visto que les puede llevar a unos resultados todavía peores en próximas citas electorales.

Más fácil está todo, por no decir resuelto, en Vila-real, Benicarló, l’Alcora, Morella con el PSPV, o en Onda, Segorbe, Mocofa, Alcalà y Peñíscola (PP), también en Betxí (Compromís), donde habrá mayorías absolutas.