La justicia sigue su curso en el caso conocido como la «trama del 3%» que afecta a la financiación de la antigua CDC, ahora rebautizada como PDECat. El método de recaudación investigado es suficientemente conocido. Se trata del cobro de comisiones por adjudicaciones de obra pública a través de las fundaciones vinculadas al partido. Unos donativos no voluntarios que después llegaban a las arcas del grupo a través de una facturación falsa o directamente del pago de proveedores. Todos los tesoreros de CDC en los últimos años han sido inculpados en casos similares. Ayer volvió a ser detenido Andreu Viloca, así como el último gerente de CDC, encargado de su liquidación, Francesc Sánchez. Los hechos que ahora se investigan no corresponden a los tiempos en los que CDC estaba bajo el mando de la familia Pujol sino a los años de gobierno de Artur Mas y, esto es novedad, a los años de Xavier Trias como alcalde de Barcelona. Todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia, también los dirigentes de CDC, pero es evidente que la reiteración de este tipo de inculpaciones, siempre con el mismo método de pago de comisiones y su cercanía en el tiempo --estamos hablando del año 2015--, hace muy difícil exculpar a los últimos dirigentes de CDC, encabezados por Mas, de su responsabilidad en el amparo de este tipo de actuaciones ilícitas.
Por todo ello, las apelaciones de algunos de los inculpados para vincular esta investigación con el proceso independentista y el juicio del lunes por el 9-N resultan fuera de lugar. Esta causa, recordemos, se inició por la denuncia de una concejala de ERC en Torredembarra y se investiga en un juzgado ordinario de El Vendrell bajo el amparo de la fiscalía competente. No hay bandera que pueda esconder ningún comportamiento punible. Aunque en este, como en otros casos, sea exigible a todas las instituciones que eviten los espectáculos mediáticos.
