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Opinión

 

Luces y sombras del fin de los peajes

 

El cambio del año conlleva el fin de dos concesiones de autopistas: el tramo de la AP-7 entre Tarragona y Alicante y de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz. Se acelera el proceso para que los peajes pasen a ser historia en España. En el 2021, se revertirán las concesiones del resto de la AP-7 hasta la frontera, del tramo de la AP-2 entre Zaragoza y el Mediterráneo y algunos de los peajes que envuelven a la ciudad de Barcelona. Los usuarios de las vías que desde ayer pasaron a ser francas se ahorrarán más de 300 millones de euros y el Estado tendrá que asumir los costes de mantenimiento que suman, como mínimo, 32 millones de euros en una primera aproximación, además de perder los impuestos derivados de la explotación en régimen de concesión privada.

El Ministerio de Fomento estima que el tráfico en estas vías crecerá un 30%. Las ventajas para los usuarios son evidentes, especialmente para los habitantes de estas zonas y para las industrias --Castellón es una de las más afectadas-- que exportan sus productos a través de la AP-7. Para el conjunto de la ciudadanía representa asumir más gasto público que será financiado por todos los ciudadanos en función de sus rentas y no del uso que hagan del transporte por carretera. Una decisión que se ha tomado más a golpe de proclama política que de debate racional. Se podría haber llegado a los mismos resultados por caminos más serenos.

La dictadura franquista quiso salir de la autarquía a partir de 1959 apuntándose a las recetas que le suministraron el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Una de ellas, de acorde con el modelo económico del momento, era la construcción de infraestructuras de transporte para estimular en la medida de lo posible el desarrollo económico. Y una de las rutas clave era el corredor del Mediterráneo a través del cual se podían exportar productos agrícolas e industriales y, a la vez, atraer turistas de sol y playa. Pero España no tenía manera de financiar con dinero público esa construcción y se optó, como estaban haciendo en ese momento muchos países europeos, por recorrer a la concesiones en forma de peajes.

Esa opción tuvo sentido en esa coyuntura pero dejó de tenerlo con el paso de los años por diversas razones: las concesiones se fueron prolongando más por capacidad de lobi de las concesionarias que por convencimiento en el modelo y por la mejora de los servicios; en las zonas menos dinámicas económicamente se optó por el sistema de autovías, lo cual fue generando agravios más o menos racionales; y, finalmente, no se desarrolló en paralelo a las autopistas de peaje una red de ferrocarril alternativa que estuviera destinada para el transporte de mercancías.

Se acumuló un malestar que, finalmente, ha llevado a un progresivo levantamiento de los peajes sin que estemos preparados para afrontar todas sus consecuencias, entre ellas, un incremento de las emisiones de CO2 en plena emergencia climática o un déficit acumulado del presupuesto de mantenimiento de carreteras que suma más de 7.000 millones de euros. El comienzo del fin de los peajes es una buena noticia para algunos, pero un reto para todos.