Los datos del último informe sobre la pobreza en España, en cuanto a las cifras de la Comunitat Valenciana se refiere, son preocupantes. Tanto que la sitúan como la octava del país donde más ha crecido la exclusión del 2008 al 2016. Nada menos que el 30,5% de la población de la Comunitat -1,5 millones de personas- vive con menos de 684 euros al mes, es decir, por debajo del umbral de la pobreza. Y, entre este colectivo de desfavorecidos, merecen especial atención todos aquellos que se tratan de alguna adicción.

El presidente de Patim, Francisco López, alerta de que la situación de pobreza afecta hasta el 60% de las personas que acuden a esta entidad castellonense con intención de recuperarse. El endeudamiento debido a las severas dificultades económicas genera un triple efecto: agotamiento en las familias; riesgo añadido para los ludópatas al pensar que el juego es una solución; y la agudización de las conductas delictivas vinculadas al consumo de sustancias tóxicas. Por eso, como reclama Patim, urgen ayudas eficaces para promover el empleo y también más y mejores políticas sociales con el fin de evitar que el número de personas adictas al alcohol o sustancias estupefacientes vayan a más por falta de recursos.

De otro lado, resulta preciso incidir en que no todas las familias se están recuperando con la misma rapidez de la terrible crisis económica de los últimos años, pues, entre otros factores, se generan muchos trabajos que son precarios o están mal remunerados; tanto que el sueldo no alcanza para llegar a final de mes. A estas circunstancias se añade el desgaste mental de los afectados, que llega a limitar sus posibilidades de encontrar una salida dentro el laberinto en el que se ven atrapados.

Por eso, y mucho más, las acciones en favor de los más desfavorecidos deberían prevalecer sin titubeos.