El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, José María Romero de Tejada, reunió ayer a los responsables de la fuerzas de seguridad --Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil-- para detallarles la instrucción del fiscal general del Estado en la investigación sobre los delitos que presume que se pueden cometer en torno a la convocatoria del pretendido referéndum del 1 de octubre. Lejos de la épica y de la excepcionalidad que algunos quieren poner a este asunto, lo cierto es que situaciones de esta índole se producen a diario, puesto que entre las funciones de los cuerpos policiales está el auxilio de jueces y fiscales en la persecución de cuantos delitos tengan conocimiento. No siendo ellos, además, quienes los tipifican, sino el poder legislativo legítima y legalmente constituido.
Por eso resulta sumamente chocante que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, dijera ayer que los Mossos no han de hacer política sino velar por la seguridad de la gente. Estaría bien que en sus decisiones les ayudara a cumplir estrictamente con esa misión. Mientras, los Mossos, como el resto de cuerpos, deben ejercer como policía judicial allí donde sean requeridos, porque no están al servicio de sus dirigentes políticos sino de los ciudadanos. El episodio de ayer hay que enmarcarlo, pues, dentro de la normalidad más absoluta. Y aunque Puigdemont se haya saltado su propio principio, hay que advertir que los Mossos, la Policía Nacional y la Guardia Civil tampoco están para suplantar a quienes nunca han querido abordar esta cuestión como un asunto político y lo han reducido a un tema judicial. Como han pedido reiteradamente los sindicatos, la policía debe quedar al margen de la controversia política porque la base de su trabajo es el ejercicio de la autoridad, que en ningún caso puede ser laminada por quienes les encomiendan precisamente el mantenimiento de la seguridad y de la legalidad. Ambas cosas son indisociables.
