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Opinión

 

A fondo

¡Marzà, dimite ya!

Tiene nueve recursos en los tribunales solo por el decreto del chantaje lingüístico

 

Beatriz Gascó Beatriz Gascó
07/06/2017

A mí la actitud del conseller Marzà ante el guirigay lingüístico que ha organizado en la Comunitat Valenciana no deja de asombrarme. No para de repetir: estoy tranquilo, todo esto es normal, no pasa nada… ¿Tranquilo? Pues debe tener la sangre de horchata porque tiene nueve recursos en los tribunales, solo por el decreto del chantaje lingüístico. ¡Y dice que es normal! ¿Perdón? Que una norma, que seguramente sea la más importante que apruebe a lo largo de toda la legislatura, tenga soliviantada a media comunidad educativa y gran parte de la sociedad ¿es normal? ¿Qué el Tribunal Superior de Justicia haya decidido, dos veces (de momento) paralizar un decreto porque lo considera discriminatorio, es normal? ¿Saben que sería normal? Que Marzà dimitiera, que asumiera de una vez sus errores y se marchara.

Esta situación la venimos denunciando desde el minuto cero, desde que conocimos el borrador y él erre que erre. Digo yo que alguien deberá asumir la responsabilidad política del caos, la confusión y el malestar que está generando en todos los centros educativos.

Escola Valenciana y el Sursum Corda pueden decir misa, pero no se puede convertir en justo lo que es injusto. Las entidades afines a Compromís justifican que no es necesaria la suspensión del decreto ¿cómo? Si se aplica, muchos niños no podrán estudiar en infantil en su lengua materna y eso supone un daño irreparable; los centros con niveles más avanzados de valenciano tendrán más recursos para sus profesores y eso es también un daño irreparable; los niveles avanzados impartirán más horas de inglés y eso es un daño irreparable; entre otras muchas más discriminaciones, los alumnos de infantil que opten por asignaturas en castellano, serán básicos, mientras que los que opten por más asignaturas en valenciano serán los avanzados y esas etiquetas, supondrán un daño irreparable.

El conseller Marzà tiene que asumir que con este decreto ha abierto la puerta al odio y al enfrentamiento lingüístico. En los 20 años del Gobierno del PPCV castellano y valenciano, y el inglés que se introdujo en rl 2012, coexistieron de manera pacífica sin soliviantar, ni agraviar ni chantajear a nadie.

Y otra cosa que me sorprende es que defiendan la legalidad del decreto con el supuesto respaldo del Ministerio, porque ese respaldo no existe. Las únicas declaraciones del Ministro respecto a este tema se produjeron en una sesión de control en la que aseguró que el decreto era discriminatorio y no iba a tolerar a Marzà que se saliera de la legalidad. Si este es uno de sus principales argumentos, imagínense como serán el resto.

Esto no ha hecho más que empezar, son 7 más los recursos presentados. No vamos a bajar la guardia ni consentir que nadie se salte la ley ¡que ni lo intenten! Ya está bien de agravios, menosprecios y chantajes. El modelo educativo de Compromís ha caído por su propio peso, el peso de la radicalidad y el adoctrinamiento.

*Diputada autonómica del PP

 
 
1 Comentario
01

Por Cruda Realidad 9:56 - 07.06.2017

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La diputada Carrasco y sus asesores olvidan que en el Reino de España las administraciones establecen lo criterios de aplicación de las normas jurídicas, pero la interpretación de dichas normas es competencia exclusiva de los Tribunales de Justicia. Dejemos pues que los Tribunales resuelvan los recursos presentados contra el decreto. Convendría recordar a nuestra diputada que una cosa es una “suspensión cautelarísima” y otra muy distinta es la admisión a trámite de la solicitud de “suspensión cautelar”, que si no estamos mal informados es en la que ha pasado con los recursos presentados. De acuerdo con nuestro Estatuto de Autonomía corresponde a la Generalitat, no a los centros educativos ni a los padres, establecer las políticas educativas y la ejecución del mandato Constitucional establecido en su artículo 7.3 que dice: “La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que SERÁ objeto de ESPECIAL RESPETO Y PROTECCIÓN”, evidentemente, respetando en todo momento la legalidad vigente. La Administración en España tiene el “deber” de no allanarse y defenderse ante los Tribunales hasta el final, el problema surge cuándo se infravaloran los recursos económicos y jurídicos de quien presenta los recursos, como le ocurrió al Ayuntamiento de Castellón con los recursos que llevaron a la anulación del Plan General de Ordenación Urbana, ¿ también se le ha olvidado diputada Gascó?