Querido lector/a, hoy 8 de marzo, quería hablar de la mujer trabajadora. Me lo exigía la obligación de mantener un compromiso en defensa de la igualdad y en contra de todas las discriminaciones y violencias que sufre la mujer. No obstante, como serán muchos los que escribirán sobre las efemérides y como al mismo tiempo he oído a quien en nombre del PP ha tratado de forma irracional e insultante la sentencia del TSJ de la Comunitat Valenciana que, a demanda de la Diputación de Castellón, declara nulo el decreto de la Generalitat Valenciana --que solo buscaba unir medios para evitar duplicidades y ganar en eficacia--, he optado por saltarme lo del 8 de marzo y hablar, aunque sea breve, de este último asunto.
La cuestión es simple: demandas porque una institución invade o se apropia de la competencia de otra, se presentan todos los días. Digo más, por razones que se pueden considerar legítimas y por las características de nuestra Constitución, existen hasta entre instituciones del mismo partido. Es algo habitual. Incluso, aunque sea vergonzoso y sin sentido común, acepto y entiendo como lógico, porque forma parte del juego electoralista, lo que ha hecho el presidente de la Diputación de Castellón de utilizar la sentencia para acusar a la Generalitat y a su presidente Ximo Puig de planificar una especie de golpe que acabe con las Diputaciones Provinciales. Ahora bien, que una senadora del PP por Castellón, del partido de la corrupción, de la Gürtel, de la deuda autonómica más grande de España respecto del PIB --más de 40.000 millones de euros-- , diga en la radio que las costas de ese procedimiento judicial --3.000 euros-- pueden conducirnos a la quiebra económica de la Generalitat, no solo me asombró sino que me llenó de vergüenza e indignación y, sobre todo, me acojonó porque muestra de una forma sangrante en manos de quién están las instituciones del Estado.
*Experto en extranjería
