E l sector del automóvil es uno de los que están en el punto de mira dentro de las políticas medioambientales que ha provocado la emergencia climática. El caso del dieselgate, que saltó a la luz en septiembre del año 2015 con un gigante de la industria como Volkswagen, puso de manifiesto las carencias existentes en la vigilancia de las prácticas de las grandes compañías. En ese sentido, entra en vigor una nueva normativa de la Unión Europea para incrementar el control sobre las emisiones de gases contaminantes. El nuevo protocolo RDE (por sus siglas en inglés de Real Driving Emissions) analiza esas emisiones en condiciones reales de conducción. Con esta iniciativa, y otras ya implantadas antes para consumos y CO2, los vehículos que se fabriquen y comercialicen deberán cumplir una exigente legislación anticontaminante.
Estas nuevas reglas ambientales. El marco normativo también debería ayudar a la renovación del parque automovilístico, lo que en el caso español se revela como algo urgente con una media de antigüedad de los vehículos de 12,4 años. En definitiva, se ha de crear con el mayor consenso posible las condiciones para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en las grandes ciudades, algo que afecta directamente al tráfico rodado y al sector del automóvil.
