Llueve sobre mojado en el campo castellonense. A la crisis estructural que sufre la agricultura, en el caso de la provincia centrada en la naranja, se suma ahora la prohibición de utilizar el producto químico clorpirifós para luchar contra la extendida y peligrosa plaga del cotonet, sin que quienes retiran del uso este fitosanitario parezcan preguntarse siquiera cuál puede ser la solución y, mucho menos, plantearla y actuar para ponerla en marcha.

Quien haya podido pensar que el repunte en el consumo de cítricos durante los meses de confinamiento por la pandemia del coronavirus resolvería los problemas de este sector se equivoca.

Para empezar, la cosecha ha sido corta, por lo que la rentabilización de esta coyuntura excepcional se ha visto muy limitada. Para seguir, el incremento de los precios finalistas nunca llega al productor salvo en una pequeña medida, muy pequeña. Ocurre en una actividad envejecida y sin relevo generacional, que clama por el respaldo de la sociedad a la que alimenta, sin que la respuesta de las administraciones públicas haya sido clara y contundente hasta el momento.

Ahora, la plaga, que tiene su origen en Sudáfrica, un país que tantos quebraderos de cabeza causa a los citricultores también por su competencia desleal, está muy extendida y ya ha causado cerca de 80 millones de euros en pérdidas en la provincia. La alerta de las organizaciones que representan al sector es tan grave, de abandono de cultivos en apenas tres años, que recuerda otras históricas como el virus de la tristeza.