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Opinión

 

Editoriales

Mayor atención a la dependencia

 

14/07/2017

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia fue aprobada a finales del 2006 por el gobierno que presidía Rodríguez Zapatero, con el consenso de todas las fuerzas políticas, y venía a cubrir un vacío en el sistema de protección social.

Sin embargo, once años después podemos concluir que la Ley de Dependencia está cargada de buenas intenciones pero infradotada desde el punto de vista financiero. La autonomía personal es un derecho subjetivo y esta ley tuvo la virtud de situar a las personas con discapacidad en el centro del debate político, pero si existe la norma pero no tiene una financiación adecuada, de poco sirve. Las comunidades autónomas se han visto en la obligación de hacerse cargo del dinero que supone, pero con la llegada de la crisis y, en el caso que nos ocupa a los castellonenses, del mal trato que recibe la Comunitat en materia de financiación, la aplicación de la Ley de Dependencia se ha visto menguada estos años.

El Consell que preside Ximo Puig se propuso como una prioridad desatascar los expedientes y acelerar el cobro para quienes han pasado las valoraciones. No exento de algunas críticas de la oposición, la vicepresidenta Mónica Oltra dispuso que los ayuntamientos se hicieran cargo de valorar a los dependientes, y en algunas poblaciones esta media está dando buen resultado, aunque en otras todavía faltan funcionarios a tal efecto.

Las cifras son muy claras. El número de dependientes en la provincia de Castellón a quienes se les ha reconocido el derecho ha pasado de 5.204 a 6.848, mientras que quienes están recibiendo la prestación son 5.366 en lugar de los 4.133 del año 2015, con el PP al frente de la Generalitat. Sin embargo, no es de recibo que casi 1.500 vivan con la angustia de no percibir lo que les toca, y en eso Oltra debería estar a la altura de las circunstancias.