Por todos es conocido que a la despoblación, principal causa de la baja densidad demográfica, hay que añadir el preocupante envejecimiento de los habitantes del medio rural; aspectos ambos que impiden, en la mayor parte de localidades del interior, el imprescindible relevo generacional. Tanto es así, que de los 135 municipios de la provincia de Castelló, 85 tienen menos de 1.000 habitantes y de estos, 64, menos de 100.
Ante esta situación, conocida en la jerga científica como el «invierno demográfico», hace ahora justo un año, en abril del 2017, el president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, presentaba la Agenda Valenciana Antidespoblament (AVANT) como instrumento con el que combatir la despoblación que afecta a determinadas comarcas de interior de la Comunitat; buena parte de las cuales, como l’Alcalatén, l’Alt Millars, l’Alt Palància o els Ports-Maestrat, radicadas en nuestra provincia.
Dicho programa dio sus pasos iniciales con la constitución primero de un foro permanente de análisis y debate conformado por representantes de municipios de interior y coordinado por la propia Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y, sobre todo, con la puesta en marcha poco después, como órgano colegiado de la propia Generalitat, de una comisión interdepartamental encargada de la coordinación y seguimiento de los programas e inversiones de cada Conselleria en dicha materia desde una perspectiva transversal, territorial, integral y sujeta efectivamente al principio de subsidiariedad.
Al amparo de las iniciativas precedentes, y mientras el Consell se halla ultimando la aprobación del futuro Estatuto de Municipio en Riesgo de Despoblamiento, se han activado a lo largo de los últimos meses toda una serie de líneas específicas de colaboración con ayuntamientos y mancomunidades afectados por este proceso de regresión demográfica. Entre otras, cabe destacar las siguientes:
--La Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, en colaboración con el SERVEF, ha posibilitado a todos aquellos municipios castellonenses menores de 1.000 habitantes o con alto riesgo de incendio forestal la puesta en marcha, desde diciembre de 2017 y prorrogable en años sucesivos, de un total de 83 brigadas o unidades de prevención por importe de 4,6 millones de euros.
--La Conselleria d’Educació va a financiar de forma íntegra, a partir de septiembre de este año, la totalidad de gastos de les escoletes infantils de 2-3 años gestionadas directa o indirectamente por los ayuntamientos. Además, y desde este mismo curso, ya no se permite el cierre de ninguna unidad escolar por escasas que sean las matrículas. Aún más, aunque estas no dispongan de alumnos, permanecen si bien cerradas, administrativamente activas para, en caso de incorporaciones a lo largo del curso, poder reabrirlas de forma automática.
--La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, en su esfuerzo continuo por potenciar y sociabilizar las políticas de dependencia y diversidad funcional, incorporará en breve a la red pública diversas viviendas tuteladas que hasta ahora dependían de los ayuntamientos (en Viver, les Useres o Vall d’Alba); se están concertando un alto número de plazas en Centros de Día ya existentes o se crearán en breve otros de nuevos como en Atzeneta y l’Alcora. Por último, se está ultimando el nuevo mapa de residencias mixtas (para gente mayor y personas con diversidad funcional) en la que la de Sant Mateu jugará un importante papel como centro de recepción comarcal.
--La Agència Valenciana de Turisme ha comenzado ya las obras del futuro Centro de Desarrollo Turístico dels Ports, con sede en el complejo de la antigua Fábrica Giner de Morella. Una comarca demográficamente regresiva dispondrá, por vez primera en su historia, de un centro formativo y ocupacional no solo para los vecinos dels Ports sino también para comarcas limítrofes.
La Conselleria de Vivenda i Obres Públiques ha elaborado el tan esperado nuevo mapa concesional de líneas de transporte público de viajeros por carretera. Gracias al mismo, por vez primera, los municipios de interior, con independencia del número de habitantes, tendrán asegurada una comunicación directa y fluida con sus centros de referencia administrativos, hospitalarios o educacionales.
En definitiva, un conjunto de actuaciones propias y específicas para el medio rural que, de forma preliminar y a manera de avance (tan solo son las primeras), sirven de impulso para la recuperación y el desarrollo socioeconómico de aquellos municipios castellonenses afectados por esta sangría demográfica. A ello contribuirá, como se ha indicado, el eminente Decreto del Consell que regulará el procedimiento y definirá los criterios con arreglo a los cuales se incluirá a los municipios o áreas funcionales en el Estatuto de Municipios en riesgo de Despoblamiento.
Todo lo que hagamos, sin lugar a dudas, será poco para combatir un problema estructural cuya solución pasa por la colaboración entre administraciones, la lealtad institucional y, sobre todo, el protagonismo de los propios municipios afectados cuyos vecinos son los que más y mejor conocen su propio territorio.
*Director Territorial de Presidencia en la provincia de Castellón
