Querido lector:
La obligada remodelación del gobierno de la Diputación provincial, baluarte del PP en Castellón, tras la dimisión del vicepresidente Miguel Barrachina por su elección como nuevo diputado en el Congreso, tiene una evidente carga política y de partido. Por un lado, el presidente de la institución y del PP provincial, Javier Moliner, ha aupado a su hombre más político, más hábil en el manejo de plenos y comisiones y de máxima confianza en la institución pero sobre todo en las lides internas del partido, Vicent Sales, a la vicepresidencia primera y a la portavocía, descabalgándolo de competencias de gestión. Es el vicepresidente político.
Y por otro, ha designado a Luis Martínez y a Elena Vicente Ruiz, coordinadores generales ambos del PP provincial, como portavoces adjuntos de su gobierno en la institución provincial, asegurándose así el manejo del grupo popular con la misma estructura de poder orgánico definida en el partido.
Esta identificación de roles institucionales y roles orgánicos asegura a Moliner un control absoluto de ambas instancias con una guardia pretoriana corta y muy consolidada. Y al mismo tiempo le permite prever un escudo/ariete político de las mismas características frente a las estrategias de la oposición durante la legislatura. En especial, frente a un PSPV que lidera una oposición que posee la mayoría del poder municipal en la provincia y que una vez se resuelva el complicado panorama político nacional, estará encabezado por el alcalde de Vila-real y portavoz del grupo provincial de su partido, José Benlloch, ya también como secretario provincial.
Por otra parte, con la designación de Vicent Sales, el presidente de la Diputación y del PP se asegura una solución de continuidad entre la faceta política de la institución provincial y la de oposición en el Ayuntamiento de la capital, donde ambos son concejales.
Finalmente, la cuarta pieza reforzada ha sido Salvador Aguilella, que asume las competencias económicas que ya Barrachina dejó ordenadas en la pasada legislatura.
