El balance de la seguridad vial ofrece este verano cifras inquietantes en el conjunto del Estado: 253 fallecidos en julio y agosto, 27 más que en el 2015. Esta cifra confirma la tendencia de los primeros meses del año en las vías interurbanas españolas. Ni el anuncio de un plan de choque, a finales de abril, por la Dirección General de Tráfico ha servido para frenarla. No son buenos tiempos para un organismo -salpicado además por el caso de corrupción que provocó la dimisión de su directora general en julio- al que las asociaciones de automovilistas, motoristas, víctimas y autoescuelas critican por falta de estrategia definida. Por no hablar del debate infructuoso del nuevo reglamento de circulación. El suspenso de la DGT, y por extensión de su organismo superior, el Ministerio del Interior, no debe ocultar que los primeros responsables de la seguridad vial son conductores y peatones. Las estadísticas ponen el foco en infracciones concretas como causa de los accidentes. No llevar el cinturón de seguridad o las distracciones -como el uso del móvil- ocupan un lugar destacado. Por todo ello es tarea de los gobernantes emprender acciones decididas e inversiones para mejorar la red viaria, y de los gobernados, un ejercicio de responsabilidad al volante.
