En la escalada en que se ha convertido el pulso entre el Gobierno y el Govern sobre el 1-O no hay día en que una decisión no provoque un conflicto. Ahora, los Mossos están en el centro de la disputa después de que el conseller de Interior, Joaquim Forn, anunciara que no acatan la decisión de la Fiscalía General de Catalunya de que un coronel de la Guardia Civil coordine a la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos para impedir la celebración del referéndum ilegal. No se ha quitado competencias a la policía catalana, como argumenta el Govern (tal como ha confirmado el major de los Mossos matizando a su propio conseller) porque este control desde Interior afecta solo al 1-O y los tres cuerpos policiales deberán obedecer siempre al fiscal de Catalunya, como ya hacen los Mossos cuando actúan como policía judicial. La decisión se fundamenta en el artículo 46 de la ley orgánica 2/1986, que señala que cuando las policías autonómicas «no dispongan de los medios suficientes para el ejercicio de las funciones» podrán recabar «el auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado». Este auxilio ya se aplicó tras los atentados de agosto, pero ahora el Govern aduce que ese supuesto no se da y que recurrirá la orden. En el fondo, el conflicto no hace sino expresar la falta de confianza en la Conselleria d’Interior y en los Mossos por parte del Estado y viceversa. Y es lamentable que, ante los acontecimientos que puedan producirse antes o en el 1-O, se sitúe a la policía catalana en una posición tan difícil.
