La multa coercitiva es un sistema por el cual la administración intenta que un administrado haga algo a lo que está obligado y no quiere hacerlo, a base de multas. Diez como máximo. Es un procedimiento cómodo para los funcionarios municipales y autonómicos. Y, desde luego, rentable para las arcas públicas.
Sin embargo, permítanme poner en duda que este sea el mejor de los procedimientos para conseguir los fines pretendidos. Se convierte en un mero sistema de recaudación por el que las administraciones justifican que cumplen con sus responsabilidades. De esta forma, en una eventual denuncia ante la Fiscalía, el funcionario y el político siempre tienen el argumento de que no están mirando hacia otro lado. Una estrategia realmente cara para los administrados.
En nuestra provincia se están dando varios procesos de este tipo, fundamentalmente en las zonas de Marjalería donde se ha construido ilegalmente mientras la administración miraba no hacía lo que debía. Miles de casas de campo que los Ayuntamientos eran conscientes de su construcción.
La multa coercitiva no es la solución, porque siempre afecta a las economías familiares más desfavorecidas, aquellas que tenían un trozo de terreno prácticamente sin valor y en el que, a fines de semana, se construyeron una casa para ir a pasar el fin de semana. Sin el permiso de la autoridad, pero con su conocimiento en la mayoría de los casos. H
*Abogado-urbanista
