El impacto negativo de la crisis del covid-19 sobre la economía está siendo enorme, lo sentimos en nuestro día a día. Las cifras reflejan que es mucho mayor que en la dura crisis económica que empezó en 2008, si bien sus efectos sobre las personas, siendo perjudiciales, lo son mucho menos porque se amortiguan gracias a las cuantiosas ayudas que ha aprobado el Gobierno español a personas, empresas y autónomos y que no existieron entonces.

La receta de la UE para aquella crisis fue controlar el déficit, ya que se entendía que la deuda pública era demasiado elevada, mediante políticas de austeridad (un eufemismo cuyo significado era recortes, recortes y más recortes). Esta receta de austeridad comportó una lentísima recuperación económica, pérdida de empleo y pérdida de calidad de vida para la inmensa mayoría de la población. La receta de Estados Unidos fue radicalmente distinta a la europea: a pesar de que la deuda pública americana era superior a la española en porcentaje de PIB, Estados Unidos no priorizó recortarla para que no creciera y optó por priorizar el empleo mediante la denominada Quantitative Easing (medidas expansivas que aumentan el dinero en circulación). El resultado fue que con estas medidas logró superar la crisis en tres años, logró mantener el empleo e incrementar notablemente el PIB, mientras que en la Unión Europea tardamos ocho años y no hemos conseguido lo que en la otra parte del Atlántico.

La Unión Europea ha aprendido la lección para afrontar los efectos económicos adversos de la crisis del covid-19. España fue de los primeros países que reclamó una política económica como la que finalmente se ha acordado a finales de julio con el plan de recuperación que inyectará 1,8 billones de euros en la economía europea (1,1 a través del presupuesto comunitario y 750.000 millones repartidos entre los estados) con tres objetivos: apoyar a los estados miembros a recuperarse, relanzar la economía y apoyar la inversión privada, y aprender de la experiencia de esta crisis (refuerzo a sanidad e investigación).

En el reparto de fondos del plan de recuperación para ayudar a los países a recuperarse, conocido como Next Generation UE , la negociación del Gobierno de Pedro Sánchez ha sido muy buena: España es el segundo país que más fondos ha obtenido, un 19,9% del total a repartir, muy cerca del primero (Italia con un 20,4%, aunque hay que recordar que Italia tiene 60 millones de habitantes frente a los 47 de España). Para financiar parcialmente el plan de recuperación la UE emitirá por primera vez deuda mutualizada, algo que reclamó también Pedro Sánchez desde el principio y que se echó en falta en la anterior crisis (esto también diferenció la forma de afrontar la crisis entre USA y la UE: mientras allí la deuda estaba mutualizada aquí cada país emitía la suya con los efectos terribles especulativos que llevaron a disparar la prima de riesgo a los países que peor lo estaban pasando). Desde mi punto de vista, este es un importante paso en cohesión para la UE.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel , ha descrito los objetivos del plan de recuperación con tres palabras: convergencia (de los países miembros), resiliencia (reparar los daños del covid-19 a la economía) y transformación (de la economía de la UE).

El plan de recuperación supone una gran oportunidad para España, no solo para paliar de forma directa los efectos negativos sobre las personas (por ejemplo, con las ayudas de los ERTE) sino también para modernizar nuestra economía y hacerla más competitiva y sostenible. Pedro Sánchez ya ha anunciado algunas de las medidas en ese sentido como son: inversiones en la red ferroviaria (red de cercanías, corredor mediterráneo y transporte de mercancías) que mejorarán la conectividad y la harán más sostenible; reorientación del plan de vivienda hacia alquileres asequibles mediante la construcción de pisos destinados a alquiler y el impulso a la rehabilitación de viviendas (llegando a 120.000 anuales), que tendrán un importante impacto sobre el empleo por el efecto tractor que tiene el sector de la construcción; la aprobación del estatuto del consumidor electrointensivo para evitar la fuga de las industrias de alto consumo eléctrico; un nuevo plan para la internacionalización de la economía; modernización de la administración con una nueva Ley de Función Pública y desarrollando el Estatuto Básico del Empleado Público; un pacto de estado para la modernización de la administración de la Justicia; un Plan estatal de I+D+i; medidas en el ámbito de la igualdad y acciones en defensa de los consumidores (como la aprobación de un real decreto sobre el juego, una carta de derechos digitales ante las grandes corporaciones, revisión de la fiscalidad sobre los alimentos o la introducción de la figura del consumidor vulnerable).

Quedan todavía meses difíciles en el terreno económico, pero la recuperación comenzará este año y el crecimiento del PIB se incrementará en 2021 para despegar con mayor velocidad en 2022 gracias al impulso del plan de recuperación. Como anunció Pedro Sánchez, se prevé que con este plan en 2023 el PIB pueda superar el de 2019, pero con un crecimiento mejor, más competitivo y más productivo, y dando un salto en digitalización, sostenibilidad, cohesión social y territorial y competitividad, que no dejará a nadie por el camino. H

*Presidente de Puertos del Estado