El pasado mes de marzo, UGT y el resto de sindicatos de la función pública firmaron un acuerdo con el Gobierno por el que se restituyen derechos y salarios a las empleadas y empleados públicos, y que representa el comienzo de una recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años (13,1%), y un reconocimiento del compromiso, que a pesar de la coyuntura económica, ha tenido este colectivo con el mantenimiento de los servicios públicos. Reconocimiento que se enmarcará dentro de los Presupuestos Generales del Estado para el presente año 2018.

Un acuerdo que supone un punto y aparte en la actitud mantenida hasta ahora por el Gobierno, al permitir un crecimiento neto del empleo público, que redundará en la calidad de los servicios públicos e impedirá que en la Administración Local, la más cercana a los ciudadanos y ciudadanas, se produzcan reducciones de plantilla, como sucedía hasta ahora (desde el 2010 se han perdido un total de 114.795 puestos de trabajo) y que permitirá, por tanto, la adecuada cobertura en la obligada prestación de nuevos servicios públicos. Si a todo ello sumamos la liberación de fondos de ejercicios presupuestarios de años anteriores, congelados como consecuencia de las leyes de estabilidad del ministro Cristóbal Montoro, nos encontraremos ante una situación en la que los ciudadanos podrán comprobar cómo los servicios básicos en sus respectivos ayuntamientos son reforzados.

En resumidas cuentas, un acuerdo que potencia la negociación para acordar cuestiones tan importantes como calendarios, jornadas y conciliación de la vida laboral y familiar (esta conciliación nos permitiría, entre otras cosas por ejemplo, poder asistir presencialmente a la impartición de un máster, siempre que te lo puedas permitir, claro). Un concepto este, la negociación, que para la Unión General de Trabajadores es el elemento clave para el desarrollo democrático de una sociedad.

Esta negociación, que parece haberse implantado dentro de la Administración con este acuerdo, creemos que necesariamente debe trasladarse al ámbito de la empresa privada. Es un hecho incontrovertible, que las últimas reformas laborales y sobre todo la del 2012, han provocado un desequilibrio brutal de fuerzas, que ha impedido una verdadera redistribución de los excedentes empresariales, un uso abusivo de las cláusulas de descuelgue y un intento, por parte de un cierto número de «empresarios» de ningunear a las centrales sindicales. Seguramente a esa parte empresarial sería preciso recordarles que el artículo 7 de la CE consagra a los sindicatos como organizaciones básicas para la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales.

Y seguramente a las Administraciones Públicas habría que exigirles que ese recuerdo fuera más contundente con toda aquella parte empresarial que tienen concesiones administrativas, del tipo que sean, pero sobre todo las relacionadas con los servicios públicos básicos, es decir, servicios sociales, enseñanza y sanidad, incluido el transporte sanitario.

*Secretario Territorial Intercomarcal de FeSP-UGT PV Comarques del Nord