Diana, Marta, Sandra, Mariluz, Yeremi, Gabriel… casos que han conmocionado a la sociedad española, que reclama Justicia y ve impotente cómo los culpables se mofan de ella amparándose en nuestra legislación. El sistema jurídico español es garantista, pero no es de recibo que delincuentes, asesinos, los autores de los crímenes más horrendos, se aprovechen de dichas garantías para obtener beneficios penitenciarios y judiciales. Desde luego que no.

Esta misma semana hemos conocido la terrible noticia del asesinato del pequeño de Almería. Un suceso que ha destrozado a sus padres y a España entera. Miles de españoles han clamado justicia a unas instituciones que están para velar por nuestra seguridad. Y sin embargo, hemos asistido en el Congreso de los Diputados al rodillo del PSOE, Podemos, Compromís, IU y PNV, que se han unido para derogar la prisión permanente revisable que el Partido Popular introdujo en la reforma del Cógido Penal del 2015, y que el pasado 9 de febrero el Gobierno de Mariano Rajoy ampliaba a nuevos supuestos. La rechazan solo por el hecho de haber sido impulsada por el PP. Css, siguiendo la veleta de las encuestas, primero dijeron que querían derogarla y ahora votan en contra. Nada nuevo bajo el sol.

¿No merece prisión permanente el autor de los secuestros que acaben con la muerte del rehén? ¿Los violadores reincidentes o que actúen contra un menor? ¿Los asesinos que no revelen el paradero del cuerpo? ¿O los que provocan incendios a sabiendas de que pueden causar muertes? ¿No merecen la privación de libertad los autores de atentados en infraestructuras clave como trenes o aeropuertos? El PP cree, como muchos españoles, que quien la hace debe pagarla. La prisión permanente ya se aplica en todos los países de la UE y en muchos más supuestos, a excepción de Portugal y Croacia. Las manifestaciones en las calles sirven para condenar crímenes. Pero eso no basta. Ningún delito puede quedar impune y ningún delincuente o terrorista puede aprovecharse de nuestro derecho para salir a la calle al poco tiempo. ¿Legislar en caliente? No, se llama justicia.

*Alcaldesa de Vall d’Alba. Vicesecretaria de Organización del PPCS