La justicia valenciana ha dado recientemente dos duros varapalos judiciales al conseller de Educación, Vicent Marzà, por el chantaje lingüístico que quería imponer a las familias y a los centros educativos. El decreto del conseller de Compromís pretendía discriminar a las familias, de forma que aquellas que optaran por utilizar como lengua prioritaria el valenciano tendrían más horas en inglés. A la vez que, los que eligieran como lengua prioritaria el castellano, tendrían menos horas en inglés. Y, como consecuencia, el alumnado que optara por el valenciano obtendría el título de avanzado en inglés y el que optara por castellano, el básico. En su resolución, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana concluye que la norma del conseller nacionalista «introduce esa distinción arbitraria e injustificada entre las dos lenguas oficiales de la Comunidad (en claro agravio comparativo o desequilibrio en perjuicio del castellano) a cuenta del inglés».

Sin duda, el decreto del chantaje y de la imposición se rige por el catecismo nacionalista que dictan Mónica Oltra y Vicent Marzà. Tienen marcada una hoja de ruta que dista mucho de la libertad de elección que tienen los padres para elegir qué quieren para sus hijos, algo que siempre hemos defendido desde el Partido Popular, la libertad de elección de las familias. Pero como decía, el afán nacionalista no entiende de libertad, sino de cumplir objetivos para adoctrinar con el paso del tiempo al máximo de jóvenes y llegar en unos años a una situación como la que actualmente está viviendo Cataluña. Por eso, el control de las aulas es fundamental.

Si alguien podía parar esta deriva nacionalista, que cuenta con el beneplácito de un partido socialista arrodillado ante las tesis de Compromís, es la justicia. Y, al final, esta ha dado la razón al Partido Popular, pero también a la sociedad civil, que se ha movilizado en contra de la imposición y a favor de la libertad. La finalidad del decreto lingüístico del Consell no era más que una auténtica obra de ingeniería social para adoctrinar a los niños y chantajear a familias y centros.

La reacción del Consell ha sido la esperada, asegurando que el Partido Popular va en contra del valenciano. Afirmación absolutamente falsa, porque con el Partido Popular al frente de la Conselleria de Educación se pusieron en marcha la mayor cantidad de líneas en valenciano de la historia de nuestra autonomía.

Ahora cabe esperar que este revés judicial afecte lo menos posible al inicio de curso por el bien del profesorado, alumnado y las familias valencianas afectadas.

*Coordinador General del PP de Castellón