El incremento del riesgo de pobreza y exclusión social en la población de Castellón es innegable como consecuencia de la crisis económica. Lo pone de manifiesto el Síndic de Greuges de la Comunitat en un informe que aporta la visión de los equipo profesionales que están detrás de los servicios sociales y lo avala el incremento de las prestaciones concedidas por la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Castellón en materia de emergencia social. Solo en el primer trimestre del año, la cuantía de las ayudas asciende a 900.000 euros, un 40% en el nivel de ejecución del presupuesto.
En los últimos años, el perfil de la población que acude a los servicios sociales municipales ha cambiado. Si bien inicialmente las personas usuarias afectadas se encontraban en situaciones de marginalidad o vulnerabilidad, hoy ha emergido una nueva tipología de demandantes que proceden de las clases medias. Estas familias que acuden por primera vez a los servicios sociales explican el aumento de las ayudas asignadas. Hemos pasado de 1.724 a 2.366 durante el primer trimestre de los años 2015, 2016 y 2017, y el valor económico ha crecido de los 570.000 a los 868.000 euros en el mismo periodo de tiempo.
Hablamos de alimentación e higiene, comedor escolar para hijos, alquiler de vivienda y un incremento notable en el pago de deudas de suministro de agua, gas y electricidad, lo que llamamos pobreza energética. Precisamente esta última, aglutina las ayudas que más crecen desde Servicios Sociales, unas ayudas que no se abordaban en el 2015 y que han ido avanzando a gran velocidad desde su implantación en 2016, evidenciando que tenemos un nuevo colectivo de demandantes. Son los nuevos pobres.
*Concejal del Grupo Socialista y edil de Bienestar Social y Dependencia en Castellón
