Después de décadas de encubrimiento de abusos sexuales contra menores cometidos por sacerdotes y religiosos, la Iglesia católica va dando lentamente pasos para garantizar que nunca más protegerá a los culpables y abandonará a su suerte a las víctimas. El último de ellos, la supresión, para estos casos, del llamado secreto pontificio. Esta cláusula mantenía clasificadas, para las autoridades civiles y para los damnificados, las investigaciones, informes y sentencias de los procesos realizados en el interior de la disciplina y justicia eclesiástica. El último decreto personal del Papa prohibe también que en el seno de la justicia eclesiástica se pueda imponer el silencio a los conocedores de los hechos, aunque mantiene el blindaje del secreto de confesión.
La decisión papal deja sin recursos a los obispos y superiores de órdenes religiosas reticentes a colaborar con la justicia. Además de estar obligados a denunciar los delitos de los que tengan conocimiento, deberán entregar a los jueces que investiguen denuncias de abusos cometidas en el presente y en el pasado toda la información de que dispongan. Aunque el compromiso de colaborar con la persecución de las faltas que se denuncien a los tribunales y estos consideren perseguibles no alcanza a la revisión a fondo de un pasado que exige justicia, autocrítica y también reparación.
