Pedro Sánchez ya ha sido investido como presidente del primer Gobierno de coalición de izquierdas de la democracia. Su investidura pone fin a más de 250 días de bloqueo político y alumbra un Ejecutivo formado por el PSOE y Unidas Podemos (UP), con el apoyo (explícito o vía abstención) de varios partidos, desde ERC hasta Teruel Existe pasando por el PNV y Bildu. Después de no lograr la investidura en el 2015 y de alcanzar en el 2018 la presidencia con una moción de censura, Sánchez ha tenido que ganar dos elecciones para sumar los escaños necesarios para ser investido presidente. No se trata de un logro menor en un momento como el actual, caracterizado por la enorme fragmentación política y la postura de bloqueo de los partidos de derecha y ultraderecha. Alcanzar la presidencia requiere la capacidad de reunir una variopinta colección de apoyos, y Sánchez ha demostrado en dos ocasiones (la moción de censura y ahora) que hoy es el único líder político con la cintura política para lograrlo.

Por muchos esfuerzos que haya costado alcanzar la investidura, el verdadero trabajo para el nuevo Gobierno (a la espera de que se anuncie su composición) empieza ahora. En este sentido, los Presupuestos serán la piedra de toque para comprobar si los apoyos parlamentarios del nuevo Ejecutivo alcanzan para sostener una acción de Gobierno duradera.

Los presupuestos pondrán a prueba tanto la cintura negociadora de Sánchez como la cohesión y la coordinación interna del Ejecutivo, una de las dudas que levanta este Gobierno de coalición entre dos partidos (y dos líderes) con un largo historial de desencuentros. Cómo convivirán en el mismo Gobierno figuras como las de Nadia Calviño y Pablo Iglesias marcará el devenir del Ejecutivo. No es una cuestión de nombres: se trata del equilibrio entre las políticas de izquierdas que abandera Podemos y la necesaria disciplina (presupuestaria, fiscal, de gasto, etcétera) que exige una situación económica incierta bajo la supervisión de Bruselas. Es un gran reto de este Gobierno hallar la forma de poner en marcha las políticas económicas, laborales y sociales de progreso que promete sin aventurismos ni irresponsabilidades.

Cataluña será la otra piedra de toque del Gobierno. Después de años de estéril judicialización de un conflicto político bajo gobiernos del PP en los que el independentismo ha convocado dos consultas y se ha gestado una gravísima crisis institucional que ha generado una onerosa factura (social, política y económica) a la sociedad catalana, es de agradecer que el nuevo Ejecutivo apueste por el diálogo político. Difícilmente los sectores del independentismo que promueven la negociación encontrarán una coyuntura mejor que esta. A Sánchez corresponde obrar con habilidad en un proceso con muchos obstáculos, empezando por las causas pendientes en la justicia y acabando por la irresponsabilidad de la derecha. Al independentismo, por su parte, cabe exigirle que no se deje llevar por el irredentismo y las nefastas veleidades unilaterales, pese a que aún está pendiente una convocatoria electoral en la que se dirimirá el pulso entre ERC y el mundo posconvergente. Establecidas las bases del diálogo, sería irresponsable hacerlo peligrar.

Para ello se basta y se sobra la derecha si sigue instalada en el estilo de oposición exhibido en la investidura: crispado e insultante. La aritmética parlamentaria indica que el PP es imprescindible para decisiones de calado, como la renovación de órganos institucionales (sobre todo los judiciales) y sacar adelante reformas inexcusables que requieren amplias mayorías, como la de las pensiones. Cabe confiar que la capacidad de negociación de la izquierda, incluida Podemos, y del primer partido del centroderecha se impongan para impedir que la crispación y el bloqueo marquen la legislatura.