La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, tuvo que desistir ayer de que Castellón utilice el sistema de demanda on line -programa informático Cicerone- que se implantó meses atrás en los juzgados de la provincia y que no ha dejado de ser un auténtico caos para los profesionales que acceden al mismo cada jornada. Ahora habrá que esperar a los presupuestos de la Generalitat para el próximo ejercicio 2018 a fin de disponer de una partida monetaria para poder adquirir una aplicación que resulte verdaderamente útil.

Bravo aprovechó su reunión en nuestra capital con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitad, Pilar de la Oliva, y el presidente de la Audiencia Provincial, José Manuel Marco, para poner el dedo en la llaga al reivindicar la creación nuevos órganos judiciales, especialmente de lo Penal, pues llegó a manifestar el «riesgo» que existe de que «prescriban delitos» porque la carga de trabajo es tan grande que «se están señalando ahora juicios sobre causas de principios del 2015, lo cual es muy grave». Una denuncia de tal tamaño no debería pasar desapercibida para los representantes del Ministerio de Justicia, pero tampoco para los diputados que representan a Castellón en el Congreso y de cuyas andanzas por la Cámara Baja hay meses que no sabemos nada, o al menos anda que resulte de provecho para la provincia por la que en su día fueron elegidos.

Aquí no valen las rencillas. Esas que se tienen muchas veces cuando en la Generalitat manda un partido y el Gobierno central otro de signo distinto, como es el caso en esta legislatura. La justicia debería ser una de esas cuestiones llamadas de Estado y no actuar cuando se corre el peligro de dejar prescribir delitos es algo demasiado importante como para no señalar a quien lo permite.

Y, por si fuera poco, ahora se avecina otro problema con las demandas relacionadas con las cláusulas suelo. Pero pasan los días y nadie mueve ficha. Lamentable.