El pacto de Estado contra la violencia machista

El pleno del Congreso aprobó ayer el largamente esperado pacto de Estado contra la violencia machista que viene a sustituir a una normativa que databa del 2004 y que se había revelado ineficaz frente a una de nuestras peores lacras sociales. El acuerdo --que no alcanzó la unanimidad por la abstención de los diputados de Unidos Podemos y algunos del Grupo Mixto-- está dotado con mil millones de euros para los próximos cinco años y constituye el primer gran acuerdo de la legislatura. Nace con la virtud de la concreción: 213 medidas que persiguen la protección de las mujeres y de sus hijos en los ámbitos institucional, educativo, judicial o sanitario. Incluye actuaciones para prevenir la violencia machista desde las escuelas y, como plausible novedad, incorpora como víctimas a la madres cuyos hijos han sido asesinados por sus parejas o exparejas elegidos por el agresor como cruel forma de venganza. Otro de los puntos destacados es el cambio de criterio en la definición de víctima. Hasta ahora, era necesario que las mujeres hubieran presentado una denuncia para poder tener acceso a servicios de ayuda y protección. Este requisito frenaba la petición de auxilio, pues muchas de las amenazadas no se atrevían a enfrentarse a su maltratador. A partir de ahora, bastará con una acreditación que podrán emitir tanto organismos judiciales como policiales y sociales. Resulta también positivo el mayor poder intervencionista de los ayuntamientos que, al ser la administración más cercana, cuentan con mayor capacidad para detectar y actuar en los casos de acoso. No se ha conseguido, sin embargo, eliminar el derecho a no declarar contra la pareja al que se acogen muchas víctimas atemorizadas.