El pacto de Estado contra la violencia machista acordado el pasado lunes por unanimidad por los grupos políticos del Congreso ha sido valorado por numerosos colectivos feministas como un pacto de mínimos. De entrada, cabe felicitarse por que la lucha contra la lacra de la violencia machista alcance la categoría de pacto de Estado. Se trata de un paquete de 200 propuestas agrupadas en diez ejes de actuación, con una serie de medidas que van desde establecer unidades policiales con formación específica en violencia machista que presten atención las 24 horas del día todos los días de la semana a promover en los centros educativos actividades para prevenir la violencia sexual, sobre todo con niños y varones adolescentes.

Pero si bien las medidas merecen aplauso, la dotación presupuestaria -1.000 millones de euros para cinco años- es considerada insuficiente por los colectivos feministas. Por ejemplo, sobre los ayuntamientos va a a recaer una parte crucial de la lucha contra la lacra con los servicios de atención a las mujeres, y en el texto pactado no queda claro cuál será la dotación económica para los consistorios. Este es tan solo un caso de las inconcreciones que abundan en el texto y que ya han levantado muchas críticas en las diferentes asociaciones. El acuerdo, que por ahora es un pacto político, tiene todavía recorrido en el Congreso, con lo que cabe confiar en que se reajusten y se tengan un poco más en cuenta los aspectos mejorables. El hecho de que más de 800 mujeres hayan sido asesinadas desde la aprobación de la ley contra la violencia de género el año 2004 así lo exige.