El último delirio de la izquierda se ha convertido en una nueva amenaza para el bolsillo de todos, un riesgo para la seguridad y además acelerará la despoblación rural. La decisión del Gobierno de Sánchez por cobrar por circular por la A-7, la autovía del Mediterráneo, supone otro castigo innecesario e injusto para la provincia de Castellón.

Cobrar por circular por una autovía que hoy es gratuita pone de manifiesto las políticas del PSOE para esta provincia, que siempre han pasado por subir impuestos y hacer pagar carísimos, a todos, sus despilfarros de las arcas públicas.

Los castellonenses ya hemos pagado con nuestros impuestos la construcción de una autovía que, por cierto, el Gobierno del PP iba a culminar en su último tramo para cruzar la provincia entera. Un proyecto que el PSOE ha anulado y, encima, ahora quiere que paguemos lo que ya tenemos.

Cobrar por pasar por la autovía hará perder oportunidades y lastrar la economía de la provincia. Y es que nuestra economía depende del transporte de mercancías. Sin ir más lejos, el sector del azulejo necesita de esta autovía para que sus productos se puedan trasladar. Esta decisión, sin duda, hará perder competitividad a nuestro tejido empresarial y productivo.

Cobrar por pasar por la autovía va a conseguir que muchos conductores entren y salgan de las autovías varias veces en sus trayectos buscando tramos alternativos, aumentando la intensidad de tráfico de las carreteras secundarias y aumentando el peligro para todos.

Cobrar por pasar por la autovía también va a contribuir a acelerar la despoblación del interior de la provincia, al imponer un gasto importante a las familias que se desplazaban a las grandes ciudades a trabajar o para ir a los hospitales o a la universidad, por ejemplo.

Esta es una decisión que ni es «simbólica» ni es una «noticia veraniega», que el lenguaje utiliza la izquierda no nos confunda a nadie. Es algo totalmente programado desde hace meses para recaudar más dinero a todos los españoles, por eso el año pasado aprobaron el Real Decreto Ley 18/2018, de 11 de noviembre, que establece que con un simple acuerdo de Consejo de Ministros se podían imponer peajes en cualquier autovía de España. Medida que prosperó con el respaldo de grupos como PSOE, Compromís, Ciudadanos y Podemos y tuvo la sola oposición del PP.

No se trata de un calentón de verano de un ministro, es otro injusto castigo de la izquierda a las personas que vivimos en la provincia de Castellón.

*Diputado provincial por el Partido Popular