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En un país turístico como España las empresas de alquiler de coches son un negocio boyante que ha recobrado nuevo impulso con la contratación de servicios por internet. Los datos ratifican la buena salud del sector, manifestada por ejemplo con un 5% de crecimiento en la facturación del 2015 respecto al año anterior. El incremento se estira hasta el 13% en otro baremo de evaluación como es la compra de vehículos, unos 200.000 más. Cifras que aúpan a unas compañías de alquiler o de renting que, sin embargo, aprovechan una argucia legal para pagar menos por el impuesto de circulación. La estrategia consiste en inscribir sus flotas de coches en pequeños municipios. El resultado de una maniobra que viene de lejos es que un pueblo de 246 habitantes como Aguilar de Segarra (Bages) tenía en el 2014 un parque con 62.030 vehículos (44.746 turismos). El impuesto de circulación que en Barcelona supera los 136 euros, allí es de 18. Una operación en la que ganan las partes (ayuntamiento y empresa), pero que resulta un agravio tanto para particulares y consistorios de grandes ciudades. La Dirección General de Tráfico debería poner algún freno a estos discriminatorios paraísos fiscales, y esos pueblos que hoy se benefician deberían tener garantizados recursos básicos sin picaresca.
