Apuertas de empezar la tramitación de unos presupuestos de la Generalitat catalana largamente esperados, el Parlament se encuentra paralizado --y la legislatura, en suspenso-- a causa del choque entre los dos socios del Govern, ERC y Junts per Catalunya (JxCat). En otra sesión para el olvido, ambos partidos mostraron ayer su división a cuenta de la decisión de la Junta Electoral central (JEC), ratificada por el Tribunal Supremo (TS), de dejar al president Quim Torra sin escaño. La Mesa del Parlament, presidida por el republicano Roger Torrent, decidió obedecer al TS y aceptar por asentimiento la decisión del secretario general del Parlament de empezar el trámite para la sustitución de Torra. Como respuesta, JxCat ha anunciado que no emitirá ningún voto hasta que se vuelva a reconocer a Torra.

Desde un punto de vista legal, poco margen tenía Torrent si quería evitar la desobediencia y defender la validez las decisiones que pueda tomar el Parlament a partir de ahora. Es cierto que la decisión de la JEC de avanzarse al TS y suspender como diputado a Torra es discutida y discutible, empezando por varios miembros de la propia JEC y de la fiscalía, pero en el momento en que el TS ha avalado la resolución de la JEC en un Estado de derecho solo cabe obedecer la decisión judicial.

Lo sucedido ayer en el Parlament no se entiende en términos legales ni de grandes principios, sino políticos e incluso electorales, con vistas a unas elecciones inevitables en las que ERC y JxCat dirimirán su pulso por la hegemonía en el campo independentista. Que Torra deba dimitir o no como president una vez ha perdido su escaño no es automático y está sujeto a interpretación legal.