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Tras cinco años largos de pesquisas judiciales, el caso de los ERE andaluces alcanzó ayer un punto de inflexión al decretar un juzgado de Sevilla el procesamiento de 27 excargos autonómicos socialistas, entre ellos dos piezas mayores: los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que corre el riesgo de ser condenado a penas de prisión. El caso de los ERE ha empañado gravemente la larga gestión socialista en Andalucía y ha contribuido a prolongar la imagen de que la gran dificultad de la región para crear empleo la aboca a irregularidades generalizadas como esta. Y aunque no es ni lejanamente comparable a lo que sucede en el PP con el caso Bárcenas y sus innumerables ramificaciones (el PSOE no se ha financiado ilegalmente, que se sepa, con el caso de los ERE), pueden sufrir daños políticos. Ayer mismo, Chaves y Griñán se dieron de baja del partido, tal como estaban obligados por el código ético interno, pero es una decisión que ha tardado mucho. Y falta ver el impacto de los procesamientos en las elecciones del día 26, en las que Andalucía, como de costumbre, será capital para el PSOE. Un mal resultado en la región perjudicaría tanto a Pedro Sánchez como a Susana Díaz, que no oculta sus apetencias de relevarle. Suceda lo que suceda en el plano político, el caso de los ERE tiene aún un largo recorrido judicial.