Querido lector:
A la presidenta del PPCV, la castellonense Isabel Bonig, no le ha temblado el pulso al ratificarse en su decisión del ultimátum dado a los ediles del Ayuntamiento de Valencia investigados por un delito de blanqueo de capitales para que entreguen el acta de concejales, en contra de la pírrica decisión del PP nacional de suspenderles solo de militancia hasta la apertura de juicio oral. Bonig dio 10 días para que lo hicieran, sigue en sus trece con las medidas ejemplarizantes ante la proliferación de casos de corrupción en su partido, y ayer mismo echó el mayor pulso que un dirigente regional puede plantear ante la dirección nacional, marcharse si ésta desautoriza la medida.
Ahora, por tanto, la pelota está en el tejado de Rajoy, que como conocen no es precisamente ducho y raudo en adoptar decisiones, sino todo lo contrario. Pero en este caso, la maduración reflexiva del máximo dirigente popular tiene fecha: 9 días a partir de hoy.
O respalda a la máxima responsable del PP en la Comunitat Valenciana o la desautoriza. Y eso son palabras mayores, teniendo en cuenta que no apoyar a Bonig significa, además de ser laxo con la corrupción por posicionarse junto a los presuntos corruptos, abrir una crisis orgánica con la marcha de su presidenta regional, en uno de sus tradicionales graneros de votos, en pleno proceso nacional de formación de gobierno, o de inicio de una futurible campaña electoral para unas segundas elecciones generales.
No sé si ambas direcciones podrán encontrar un punto intermedio, que podría pasar por la expulsión de los ediles ante su desobediencia a la dirección regional, un ámbito distinto a su suspensión de militancia por presunta corrupción a cargo de la dirección nacional. Pero lo que sí es cierto de no lograrse, es que el PPCV entraría en una crisis que agudizaría su ya maltrecha imagen y quedaría prácticamente derrotado electoralmente de antemano en la Comunitat, a merced de sus rivales políticos en su labor de oposición, y con graves consecuencias, sin duda, a nivel nacional.
