La entrevista telemática entre Pedro Sánchez y Pablo Casado proporcionó una buena noticia, dadas las malas expectativas con que se celebró. El presidente del Gobierno y el líder del principal partido de la oposición cedieron algo en sus planteamientos y acordaron que la mesa para la reconstrucción económica y social se reconvierta en una comisión parlamentaria, como quería Casado, quien, a cambio, retira su veto a Unidas Podemos y a los partidos que en su opinión «quieren destruir España», como ERC y EH Bildu, con los que no se quería sentar. Es un primer paso, un acuerdo formal, no sobre el fondo ni sobre los contenidos que deben abordarse para esa reconstrucción, en los que las posiciones siguen muy alejadas, pero al menos las negociaciones van a empezar a andar con la participación de todos los partidos y, como reclama Inés Arrimadas, deberían hacerlo con urgencia.

La urgencia viene obligada por el rápido deterioro de la situación económica, como constata el informe del Banco de España publicado ayer, que prevé una caída del PIB este año entre el 6,6% y el 13,6%, según la mejor o la peor de las hipótesis. Las demás cifras son también terroríficas: la Seguridad Social ha perdido 900.000 afiliados (un 4,6% del total) en marzo; el paro puede dispararse desde el 13,7% con que se cerró el 2019 hasta el 18,3% o el 21,7% en el peor caso; la deuda pública puede pasar del 96% del PIB al 122% y el déficit público, alcanzar el 11%. Para atajar esta hemorragia y propiciar que la recuperación no se haga esperar, son necesarios los acuerdos de reconstrucción, esos nuevos Pactos de la Moncloa.

El Gobierno, con el acuerdo de Ciudadanos, había propuesto la creación de cuatro grupos de trabajo (reactivación económica, Estado del bienestar, sanidad y salud pública, y Europa), que ahora deberían constituirse en el seno de la comisión parlamentaria, a la que podrán acudir expertos, como ocurre en la del Pacto de Toledo sobre pensiones, por ejemplo. El PP quería que la negociación fuera transparente y representativa, con proporcionalidad de los miembros según la representación parlamentaria, y eso lo ha conseguido.

La entrevista entre Sánchez y Casado no despejó tampoco las dudas del PP sobre la nueva prolongación del estado de alarma. Para dar su apoyo, exige medidas sanitarias (tests masivos, protección a los trabajadores), ayudas urgentes a autónomos, pymes y afectados por los ERTE, reapertura del Portal de Transparencia, «neutralidad» de RTVE y respeto a la libertad de expresión, que, en opinión del líder del PP, se está limitando en «la supuesta guerra contra los bulos» en las redes sociales. Son unas peticiones que no deberían impedir el voto a favor del PP, porque que no se produzca este apoyo significaría un retroceso en la lucha contra la pandemia.

Aunque las cifras de muertos, contagiados y dados de alta mejoran --este lunes se bajó de los 400 fallecidos--, el destrozo causado por el coronavirus es tan grave que los ciudadanos no entenderían que la unidad que se ha mantenido, pese a las duras críticas, se rompiera en el momento en que se están intentando poner en marcha unos acuerdos imprescindibles para salir de la crisis. Sánchez y Casado deben aceptar el reto que les ha lanzado Inés Arrimadas para que «estén a la altura de las circunstancias» y dejar de lado sus diferencias para centrase en la reconstrucción económica y social del país.