Después del desafío sanitario llegan con urgencia otros retos sociales de una importancia capital. Vemos como las costuras del Estado del bienestar (salud, educación, asistencia social) se están tensando hasta límites insospechados. El modelo educativo, en concreto, se enfrenta a un reto colosal, después de haber superado ---durante el confinamiento estricto-- la durísima prueba de la adaptación, en tiempo récord, a un nuevo modelo telemático de enseñanza, con aspectos positivos y con el componente negativo de la falta de equidad en el acceso al mismo.

Más allá de la recuperación de la asistencia a los centros, que aún debe concretarse y que seguirá patrones similares a los de otros países europeos que ya han abierto las escuelas e institutos (distanciamiento, número de alumnos por clase y medidas de protección), la situación será altamente compleja en el inicio del curso 2020-21.

El posicionamiento de la ministra de Educación, Isabel Celaá, nos indica unos parámetros que a estas alturas parecen incuestionables: grupos reducidos y estables, con una ratio de 12 alumnos en Primaria y 15 en Secundaria; apuesta por una solución presencial sin menoscabo de medidas alternativas, en función de la evolución de la pandemia, que permitan una hibridación entre clases y red telemática; condiciones excepcionales para comedores y transporte; y adaptación de la estructura de los centros a los imperativos sanitarios de protección. El sistema educativo vive momentos muy delicados cuyo origen se cifra, como tantos otros, en la falta de recursos.