Los PGE

De modo que vino la alegría cuando, llegado un determinado momento se vio que dichos ingresos tributarios también servían para mejorar las ciudades, no sólo mantener carreteras sino hacer nuevas y proyectar inversiones en infraestructuras que han ido cambiando el país. No olvidamos, no obstante, que algunas de dichas infraestructuras no se hicieron a cargo de los PGE sino mediante concesiones a largo plazo, algunas de las cuales, después de varias prórrogas están próximas a vencer; otras, ahí estaba la deuda pública para permitirnos disfrutar inmediatamente de inversiones que no podíamos permitirnos. Pero, de cualquier modo, han sido los impuestos los que han pagado el capital de la inversión y sus intereses; o han sido algunos de los ciudadanos de algunas comunidades autónomas los que han pagado con el precio del uso de las mismas, el capital invertido, las reparaciones y mantenimiento, así como el beneficio que los grandes inversores han conseguido.

Pero, hablando de presupuestos, la importancia que se da a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado viene dada por el hecho de que son la hoja de ruta para la gestión de la economía del país.

Si se aumenta el presupuesto, este es expansivo con lo que conlleva mayor actividad económica, quizás también mayor redistribución de rentas, lo que beneficia a los menos poderosos económicamente. Este presupuesto expansivo, además puede conllevar un déficit, con lo que el estímulo económico, para el caso de no tener problemas en la consecución de la financiación de la deuda que se emitirá, es doble.

Lo contrario, un presupuesto menor y también un superávit, si se puede conseguir, lleva a una contracción de la actividad económica que, en algunos momentos, puede ser necesaria al objeto de evitar una burbuja y para ir reduciendo la deuda soberana. Esto es entendible.

Javier Lasarte, catedrático emérito de Derecho Financiero y Tributario, recientemente ha escrito sobre la necesidad de «un nuevo pacto presupuestario entre los poderes ejecutivo y legislativo concebido y vigilado por el buen Derecho, como corresponde a una democracia». Está hablando de una nueva Ley General Presupuestaria, que debería desarrollar el contenido del artículo 31.2 de la Constitución Española que contiene principios «indeterminados» --dice Lasarte-- de asignación equitativa, eficiencia y economía, así como «las declaraciones de buena voluntad» de la Ley General Presupuestaria, haciendo hincapié en los artículos 26 y 27.

Ciertamente, hace falta lo que indica el profesor, y mucho más, porque, a pesar de haber tenido ocasiones ni el TC ni otros, han dedicado excesivo esfuerzo en mejorar por la vía de la jurisprudencia, el abuso de derecho que significa, que los territorios en los que se articula la España de las Autonomías no tengan una financiación equitativa, o que las asignaciones de inversiones a los territorios no se hagan de acuerdo con los principios de eficiencia y economía. Más bien al contrario. Se hacen para disponer de graneros de votantes, que puedan perpetuar a las familias políticas en el poder, para continuar haciendo trizas los principios de nuestra Constitución.

SI LOS INGRESOS no pueden presupuestarse con exactitud, porque su recaudación depende de la actividad económica esperada, que puede ser cambiante, ondulante, durante el ejercicio económico, por la temporalidad de las propias actividades, además puede quedar incentivada o lastrada por elementos de inseguridad o de estímulo extraños al país, pues la economía internacional afecta a la nacional. Decía yo, que, si los ingresos no pueden presupuestarse con exactitud, los gastos sí. Los gastos son autorización de gasto al gobierno. Y el gobierno, por incapacidad administrativa, por estrategia, por desidia, por interés partidista o por otras circunstancias, no ejecuta el gasto. Es decir, nos engaña haciendo que el dinero que recaude, más la deuda pública que emita, que tenía que ir al gasto autorizado (gasto necesario para el sostenimiento de los servicios, el estado del bienestar, la incentivación de la actividad económica, o la realización de necesarias inversiones) en realidad, va en el grado que quiere, y con el ritmo que quiere, a lo que le interesa al presidente de turno y a su partido.

Y una vez que podríamos haber disfrutado del debate de las prioridades del gasto y de las inversiones, en un gobierno sostenido por un programa, no electoral, sino de gobierno, o por una negociación semana a semana y mes a mes, los acostumbrados a gobernar (demasiado por decreto) no admiten a socios en el gobierno, o son incapaces de concitar la cooperación de otros actores políticos para, día a día, hacer el camino de la democracia, que no significa otra cosa que escuchar la voz de otros.

En su día critiqué que Montoro y Rajoy hubieran usado de engaño con el incumplimiento presupuestario, que es una estrategia absolutamente deleznable que consiste en no llevar a cabo en su totalidad la ejecución del presupuesto. Y claro, siempre se pueden encontrar y dar excusas para no cumplir los presupuestos:

-- Que los ingresos no han sido los esperados, o en el tiempo esperado.

-- Que ha habido problemas técnicos con proyectos, con plazos de exposición pública u otros requisitos legales

-- Que ha habido necesidad de llevar a cabo modificaciones presupuestarias y dedicar las partidas a otros menesteres.

Se callan bocas incluyendo en los presupuestos partidas para actuaciones que se sabe no se van a llevar a cabo porque no se tiene la voluntad de hacerlo o porque no hay tiempo material para cumplir los requisitos técnicos o jurídicos necesarios, o para la efectiva ejecución material. En efecto, hay partidas en los presupuestos que se repiten para el mismo objeto durante años, pero nunca se ejecutan. O partidas cuyos importes nunca se alcanzan. Son promesas que no se cumplen y que van a servir para que se dediquen a otros menesteres.

El profesor Lasarte quiere que las cosas estén mucho más claras en la ley, que sean más explícitas. Cualquiera de nosotros también, pero mientras tanto hay un consentimiento culpable de los órganos supervisores que permiten, consienten y no atajan, aunque estén más o menos conscientes de prácticas corruptas, porque sin transparencia, ni debate, ni veracidad, no se puede decir que se esté gobernando democrática y correctamente.

¿Por qué hablar ahora de esto? Primero, porque no tenemos presupuestos, solo los prorrogados que no han tenido en cuenta la situación actual económica a nivel estatal o global; segundo, porque la incapacidad de formar Gobierno es muestra de la poca vocación de servicio a la cosa común, más bien del egoísmo para servir al interés personal y partidista; y tercero, porque lo importante no es el presupuesto, sino los datos de su ejecución, y para controlar y asegurar esto último se precisa un cambio de legislación, como bien el profesor Lasarte reclama.

*Doctor en Derecho