El periodista saudí disidente Jamal Khashoggi aún no había cruzado fatídicamente el umbral del consulado de su país en Estambul, del que no saldría vivo, y en España arreciaba la polémica por la entrega a Riad de 400 bombas de precisión por la sospecha de que este material bélico fuera a utilizarse en la guerra que Arabia Saudí libra en Yemen. El contrato lo había firmado en el 2015 el Gobierno del PP que presidía Mariano Rajoy. El que preside el socialista Pedro Sánchez no vio ningún problema en la venta de dicho armamento a un país en guerra y con una forma de gobernar próxima al feudalismo, pese a que la ministra de Defensa, Margarita Robles, la había paralizado.

Ahora, cuando el asesinato del disidente a escandalizado a medio mundo, el Ejecutivo español sigue considerando que más valen los contratos para la venta de armamento a aquel país que confrontar a un régimen que no supera ningún examen sobre valores y derechos fundamentales. En Alemania, Angela Merkel ha anunciado la suspensión de la exportación de armas mientras no se aclare lo sucedido con el periodista fallecido. Esta es la máxima medida adoptada, aunque condicionada, entre los países occidentales. Londres y París han sido duros de palabra, pero no han llegado a adoptar un veto, aunque sea temporal, como ha hecho Berlín. Y en Madrid se fía a las explicaciones que pueda dar el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, para quien la defensa de los derechos humanos tampoco es una prioridad y que está jugando también su parte interesada en este drama regulando la distribución de la información que está ahora mismo en sus manos.

Cuando se trata de venta de armas a regímenes totalitarios, autoritarios o escasamente democráticos, la pregunta que se plantea en el país fabricante es siempre la misma, si la industria armamentística es una industria estratégica. La respuesta afirmativa (siempre lo es, lo que no quiere decir que se ajuste a verdad), permite cerrar un ojo a las barbaridades cometidas por el comprador con el objetivo de mantener unas empresas en funcionamiento y unos puestos de trabajo, y también unos contratos que nada tienen que ver con aquella industria como es, en el caso que nos ocupa, el AVE a La Meca.

Sin embargo, no se puede ignorar el fundamento de las relaciones entre países que es el respeto de las normas y valores, unos parámetros inexistentes para Riad.