El president Quim Torra no pierde ocasión para defender la inocencia de sus correligionarios presos o huidos de la justicia española. Es de suponer que lo hace por una pulsión solidaria que puede ser humanamente comprensible pero que desvirtúa su papel institucional para convertirlo en un radical que elude en sus discursos a todos aquellos catalanes que quieren mantenerse dentro de España, y también a aquellos que no lo quieren hacer pero que se niegan a romper con la legalidad democrática. Esta actitud de Torra marca toda su agenda política y alienta a quienes desde el el independentismo anhelan generar un nuevo «momentum» para provocar un escenario insurreccional. La Assemblea Nacional Catalana (ANC), la CUP, los denominados Comitès en Defensa de la República (CDR) y el núcleo dirigente del grupo parlamentario de Junts per Catalunya junto a Carles Puigdemont alimentan esta actitud de Torra y la extienden por las calles y las instituciones catalanas. En su cruzada, realizan legítimos ejercicios de libertad de expresión pero también tienden a ocupar los espacios públicos institucionales sin el más mínimo respeto a quienes no piensan como ellos.

Esta deriva del independentismo tras recuperar el poder institucional está siendo utilizada por Ciudadanos y por el Partido Popular para intentar romper la frágil mayoría de Pedro Sánchez en el Congreso que necesita de los votos de Esquerra y del PDECat. Amparados en la legítima defensa de la discrepancia, en algunos momentos se precipitan en la exigencia de responsabilidades al Gobierno del PSOE. Les ha pasado en el caso de la defensa del juez Pablo Llarena y en la calificación de algunos incidentes en la calle. Están plenamente convencidos de que Cataluña es el punto débil de Sánchez. Una nueva aplicación del artículo 155 le pulverizaría.

Ante tanta irresponsabilidad hay que decir bien alto y claro que la defensa de ninguna idea política nunca pude justificar que se dinamite la convivencia ciudadana. Torra y su entorno deberían empezar a tenerlo en cuenta y rebajar el tono de sus declaraciones y de sus descalificaciones a las instituciones. Y la manera más eficiente, para el interés general no para el partidista, de combatir esa estrategia no es alentando la confusión sino aclarando todos y cada uno de los incidentes, con los Mossos y la Fiscalía actuando codo con codo.