Muchas de las personas que se adentren hoy en esta tribuna de CCOO, convendrán conmigo en la necesidad de analizar el nivel de legitimidad de los procesos de toma de decisiones relativas a las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Y de eso trata o debería tratar la Estrategia 2020 de la Unión Europea. Políticas que se adoptan bajo procesos de gobernanza, cuya legitimidad se basa en la participación efectiva de las personas interesadas en la toma de decisiones. En el caso de la pobreza reviste especial importancia la implicación de las organizaciones que la combatimos, caso de CCOO y de las propias personas pobres.

Es muy difícil entender qué es la pobreza para alguien que no esté en esta situación, pues ser pobre tiene consecuencias sociales, culturales, laborales, sanitarias, psicológicas, además de económicas. Cuando los indigentes hablan de sí mismos, dicen que viven en un estado de emergencia permanente. La pobreza no es una ocasional falta de dinero. Es una lucha cotidiana para poder sobrevivir, uno mismo, una misma y las personas a su cargo. Escuchar a quienes viven en la pobreza debería ser una prioridad absoluta para quienes tenemos la responsabilidad de combatirla.

Como ustedes saben, la Unión Europea es una región muy rica en términos de PIB. Pero en ella vive un número de personas pobres que no ha hecho sino aumentar desde los años setenta del pasado siglo. En el año 2016 había casi 120 millones de personas en situación de pobreza en la UE, según Eurostat. De ellos, 75 millones eran habitantes de la zona euro. El caso de España que en 2016 contaba con un 27% de pobres. No obstante, la competencia en materia de lucha contra la pobreza es exclusivamente de los Estados miembros, por lo que la UE solo puede realizar acciones de apoyo, orientación y coordinación. Cuestión esta que me chirría enormemente, porque su política económica sí que afecta a la evolución de la misma. Las medidas de austeridad impuestas tras la crisis de la Eurozona no favorecen el desarrollo, sino que lo obstaculizan. Las exigencias europeas de equilibrio presupuestario obligan a los Estados a realizar recortes y éstos están afectando especialmente a las políticas sociales. El aumento de la deuda pública como consecuencia de los rescates bancarios empeoró enormemente la situación presupuestaria de países como España. La política económica y financiera es, pues, la principal causa del aumento de la pobreza en Europa y las medidas dirigidas a combatirla se han mostrada inadecuadas e insuficientes.

Uno de los conceptos clave que subyace a la estrategia de lucha contra la pobreza es el «crecimiento inclusivo». Esto significa que las políticas se centran en la entrada o vuelta al mercado de trabajo. Al parecer, ahora lo único necesario para disminuir el número de personas pobres es incrementar el crecimiento y el empleo. Desde luego, es cierto que una de las principales causas de la pobreza es el desempleo. Sin embargo, ni es la única, ni conseguir un trabajo saca necesariamente a las personas de la pobreza. Es por tanto, que los poderes públicos no se están preocupando de la calidad del empleo sino solo de su productividad. Esa es la huella que nos han dejado las reformas laborales, pero sobre todo las de los años 2010 y 2012.

Esto demuestra que el aumento del empleo sin incremento de las rentas percibidas por las trabajadoras y trabajadores es insuficiente para reducir la pobreza. De ahí el empeño que tenemos en CCOO de que se cumpla en los convenios colectivos lo acordado con la CEOE en el IV Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), y de esa forma poder garantizar el poder de compra, recuperar lo que se ha perdido en estos años y dignificar el factor trabajo, pero sobre todo a las personas, aportando desde el movimiento sindical, confederal y de clase nuestra contribución para la erradicación de la pobreza y exclusión social.

*Secretario general CCOO Comarques del Nord