Querido lector, si te digo que voy a utilizar este rincón para hablar del paro, de ocupación, seguramente pensarás que soy un obseso sin solución porque, más o menos, llevo varias semanas con lo mismo. Pero, en este caso, la diferencia es que no voy a hablar de la Vall d’Uixó, ni del País Valencià de Ximo Puig. Más bien, me sitúo en la España del PP de Rajoy, y sobre lo que de ella dice el informe del Consejo de Europa.

Y es que la semana pasada el Consejo de Europa emitió un informe en el que recomienda a España que impulse las políticas activas de empleo. Petición que repiten con énfasis cada semestre. Es decir, una organización que persigue el ideal de la integración europea sobre los valores de la democracia, los derechos humanos y el imperio de la ley (y no es de izquierdas) le reclama a Rajoy inmediatas soluciones. Incluso, más aún, señalan que las políticas de Rajoy y del PP para los parados de larga duración (que se pusieron en marcha en el 2015) están fracasando. Tanto es así que anunciaron que se beneficiarían 400.000 personas sin empleo y, a la hora de hoy, están en torno a los 105.000 y sin perspectiva de mejora. O peor aún, prometieron el oro y el moro con el Plan de Garantía Juvenil, pero los jóvenes registrados están muy por debajo de las expectativas.

En este sentido, el Consejo de Europa denuncia que el desastre tiene que ver con el hecho de que parte de los presupuestos anunciados no han sido invertidos. Dijeron que bonificarían directamente a las empresas y, además, les reducirían la cuota de la seguridad social. Al final, se han olvidado de la bonificación y tan solo reducen la cuota. Y esto provoca menos contratos y menos ingresos a la seguridad social.

Querido lector, la solución reclama que el PP y sus políticas austericidas desaparezcan del gobierno. Al tiempo, el nuevo gobierno debe plantear un programa de choque como el que proponen Pedro Sánchez y el PSOE. Es decir, un plan de dos años, con una aportación desde la administración de 3.300 millones (cada año) para financiar propuestas de trabajo viables presentadas por los propios ciudadanos, ayuntamientos y organizaciones del tercer sector (oenegés, fundaciones, etc). Todo ello con el objetivo de incorporar al mercado laboral a 270.000 parados de larga duración y formar a unos 700.000 jóvenes que han abandonado el sistema educativo sin título y no trabajan. Se trata, en definitiva, de incorporar al mercado laboral a personas a las que, sin ayuda de la administración, el ciclo económico no sacará de su situación de manera natural. Aunque para esto, repito, lo imprescindible es que el ciudadano cambie el partido en el gobierno. H

*Experto en Extranjería