Que la ministra de Política Territorial y Función Pública muestre la predisposición del Gobierno de España a negociar con el gobierno autonómico catalán, incluso un referendo, es tanto como asumir que la soberanía del pueblo español es negociable. Aquello que afecta al conjunto de la Nación debe ser decidido por todos sus integrantes. Y es obvio que la delimitación de su territorio es un elemento esencial de la propia Nación.

No cabe por tanto negociación respecto aquello que no puede ser objeto de cesión, no solo porque la Constitución lo impide, que también, sino porque posibilitar una consulta sería tanto como asumir que lo que es España no lo deciden los españoles en su conjunto, sino una parte de ellos. Supondría reconocer la existencia de españoles de primera, los catalanes, y de segunda, el resto, que deberíamos asumir que nuestra nación desapareciera, tal y como la conocemos, sin ni tan siquiera ser consultados al respecto.

Todo esto que es un despropósito para todo aquel que no sea socialista o independentista, es lo que el Gobierno de Pedro Sánchez considera negociable. Circunstancia que no debería sorprender, desde el momento en que alcanzó la presidencia votado por aquellos cuyo proyecto político es la desmembración de España. A la humillación de ver al presidente Sánchez recibir en Moncloa al presidente autonómico catalán con el lazo amarillo colgado de su solapa, símbolo reivindicativo de la falacia de que en España hay presos políticos, se le suma la humillación de escuchar al Gobierno socialista estar dispuesto a negociar aquello que no es negociable.

Y con tanto miramiento a los independentistas catalanes, no hay tiempo para que cumplan con los valencianos en materia de financiación. Y Puig, Oltra y cía ahora callados.

*Portavoz del PP Vinaròs